El ministro de Justicia, Germán Garavano, dio marcha atrás con su pedido de “prudencia” a los jueces en la causa de corrupción, y ahora les exigió que avancen “rápido” con esas investigaciones, una forma de tratar de ahuyentar las cada vez más fuertes versiones sobre un freno del Gobierno al Mani Pulite.

“No estamos para frenar (causas) lo que el Gobierno está diciendo es ‘señores jueces avancen pero avancen seriamente y lleven los casos a juicio oral'”, se defendió Garavano después de la polémica que generó su pedido de “prudencia” a los magistrados. “Tiene que haber la voluntad de parte de los jueces de avanzar con prudencia, con inteligencia, buscando las pruebas y llevando los casos a juicio lo más rápido que se pueda”, recalcó el ministro en diálogo con radio Mitre.

Garavano también se ocupó de desmentir la existencia de una interna dentro del gobierno nacional, entre un sector que busque “frenar” las causas judiciales y otro que las “aliente”, algo que quedó en evidencia con las declaraciones cruzadas de los últimos días.

“Lo que le pedimos a la Justicia es que, cuando exista mérito, los casos sean rápidamente elevados a juicio, ya sea de un ex ministro o de un ex presidente, si no nos quedamos con esta vorágine de medidas de prueba que no son más que incidentes dentro de un proceso más largo que tenemos que tratar de que sean mucho más cortos de lo que son actualmente”, afirmó Garavano.

Las declaraciones de Garavano contrastan con las que él mismo dio el fin de semana al diario Perfil. “Yo creo que eso nunca es bueno (que una ex Presidenta caiga presa). Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos”, señaló.

Esos dichos reavivaron el debate que cruza a Cambiemos, respecto de cómo pararse frente al avance de fiscales y jueces en contra de la administración anterior, que podría desestabilizar al país si entra en una espiral como el Lava Jato brasileño y avanza sobre los grandes empresarios y banqueros que participaron del sistema que construyó el kirchnerismo.

Una fuente del Gobierno explicó a LPO los riesgos que perciben: “La investigación sobre las operaciones de blanqueo de dinero de Lázaro Báez, puede llevar a descubrir un sistema que prácticamente involucró a todos los empresarios de obra pública y sus derivaciones serían explosivas”. Es decir, el presunto testaferro de los Kirchner no es el problema, el problema es que a través de él quede expuesto un sistema que involucraría a las principales empresas, que necesita el presidente Macri para poner en marcha su plan.

De hecho, el propio Báez ya salpicó a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri y dueño de la constructora Iecsa, que hizo millonarios negocios durante el kirchnerismo. Fue un mensaje directo al poder que el empresario santacruceño envió a través de un escrito judicial, una forma de advertir que si cae él no sólo Cristina está en riesgo.

Acaso la situación más llamativa es la de Julio De Vido, el hombre que firmó todas las obras que hizo el gobierno kirchnerista. Pero su nombre parece estar afuera del escándalo de Báez, y la semana pasada LPO reveló un sospechoso freno a un allanamiento a su domicilio. En los tribunales de Comodoro Py se habló de una tremenda presión política, aunque el juez Rodríguez argumentó que lo suspendió porque De Vido tiene fueros y presuntamente cuando lo ordenó no sabía que era su vivienda.

Fuente: La Politica Online