El gobierno anunciaría el próximo viernes un proyecto de ley para efectivizar el pago de juicios a jubilados con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, regular los procesos que aún siguen su curso y actualizar los haberes, una medida que impactaría en 1 millón de beneficiarios e implicaría el desembolso de 2 mil millones de pesos.

Se trata de las demandas por el caso Badaro, que obligó al Gobierno a pagar un resarcimiento por no haber actualizado las jubilaciones entre 2002 y 2006.

Cristina Kirchner se negó a reconocer esa deuda y Anses las fue cancelando a medida se dictaban sentencias judiciales. El proyecto del Gobierno le pagaría a los que ya tienen fallo a favor y también al resto, aunque obligándolos a renunciar a los juicios.

La inquietud en algunos sectores de la oposición es que la venta de esas acciones acaso sobrepasa el dinero requerido para cancelar los juicios y es en realidad una forma de financiar las devastadas arcas del Tesoro.
Se financiaría con utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un punto álgido del debate, porque el Cristina Kirchner logró aprobar antes de irse una ley para proteger esa caja, cuyo principal activo son acciones en empresas argentinas como Techint o Banco Macro, la tenencia más importante.

Como adelantó LPO, Macri envió al al presidente del FGS Luis Blaquier a New York para sondear en Wall Street a inversores interesados en las acciones de Anses. Cuando este medio publicó esa primicia, el presidente de la Anses, Emilio Basavilbaso, lo desmintió de plano a LPO a través de sus voceros.

Axel Kicillof, ahora diputado, se encontrará en la encerrona de defender la ley que redactó o negar el pago a los juicios de jubilados, que Cristina demoraba todo lo que podía.

Claro que el debate será también sobre si la venta de esas acciones no sobrepasa el dinero requerido para cancelar los juicios, y es en realidad una forma de financiar las devastadas arcas del Tesoro, que sigue sin enfrentar de manera decidida el enorme déficit heredado del kirchnerismo, que supera siete puntos del PBI.

Fue lo que ocurrió cuando se debatió el pago a los holdouts. Aunque buscó negarlo, Alfonso Prat Gay terminó admitiendo que una parte de los bonos que se emitirían en New York serían para el ingreso de dólares al Banco Central.

Fuente: La Politica Online