El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó el tarifazo de gas a lo usuarios residenciales también obligó al Congreso nombrar a un Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde hace seis años, cuando renunció el cordobés Guillermo Mondino.

Su reemplazante debe proponerlo la bicameral de la Defensoría del Pueblo, pero el kirchnerismo impidió su funcionamiento hasta diciembre y todo siguió igual tras el recambio de Gobierno.

Tanta fue la desidia durante los años de Cristina Kirchner, que el año pasado, concluido el mandato del adjunto Anselmo Sella, no había quien abriera el edificio y la bicameral debió darle un poder especial al contador Carlos Guillermo Haquim, actual vicegobernador de Jujuy.

El único cambio este año es que además del desinterés del Poder Ejecutivo de turno, la oposición en todas sus vertientes tampoco aceleró los trámites, aun cuando podía imponer a un referente suyo.

El peronismo se consumió en la pelea por el presidente de la AGN, que no defiende al pueblo sino que controla las cuentas públicas de los últimos años.

Fueron designados los 14 legisladores de la bicameral pero ni siquiera se eligieron autoridades, o sea, no hay quien convoque a una reunión y sólo es posible hacerla si todas las fuerzas políticas lo deciden.

El FpV-PJ tiene mayoría en la bicameral y uno de sus miembros es el senador Juan Manuel Abal Medina, a quien Cristina Kirchner quiso imponerlo en la defensoría en 2013, cuando fue eyectado de la Jefatura de Gabinete.

Si laguna vez se reúne, la Comisión deberá dar entre uno y tres candidatos para el puesto. El único requisito es ser argentino, tener más de 30 años y no estar desempeñando alguna actividad pública.

Luego el Congreso votará, con al menos dos tercios de los presentes, entre esas opciones para designar al nuevo Defensor del Pueblo y su adjunto, o sea, se requiere un acuerdo político amplio, difícil en épocas de tanta pirotecnia verbal en el Congreso.

Con Haquim en Jujuy, la Defensoría está a cargo del subsecretario Juan José Bockel, pero no puede firmar expedientes ni iniciar demandas, como hubiera hecho estos meses ante los reclamos por los tarifazos. La Corte exigió que haya alguien con poder.