El Gobierno nacional demora la reglamentación de la ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre y crece el conflicto social por el reclamo de las organizaciones que sitiaron la Ciudad dos veces sólo esta semana.

A mitad de diciembre, el Senado sancionó la ley que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato Mauricio Macri. Luego de 70 días, el presidente aún no reglamentó la ley.

“Nos dieron el compromiso de una reglamentación muy rápida, para la segunda quincena de enero”, indicaron a LPO desde la cúpula del Movimiento Evita. En el Gobierno dijeron a LPO que el tema es tratado en conjunto entre el ministerio de Desarrollo Social y Trabajo pero que aún no saben cuándo se reglamentará la ley.

Además del movimiento de Emilio Pérsico, las organizaciones sociales que exigen la implementación de la ley son Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Ctep, muy cercana al Papa Francisco.

Justamente el Papa será el motivo para el que todas estas organizaciones se unan el próximo 13 de marzo -aniversario de la elección de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice- en una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo.

El motivo original de la movilización era homenajear al Papa, pero la demora en la reglamentación, entre otros reclamos, convirtió a la marcha en un acto contra el Gobierno.

Así quedó de manifiesto esta semana, con dos fuertes movilizaciones con piquetes el martes y el jueves, que volvieron intransitable el centro porteño. El martes fue el turno de Barrios de Pie, que ya había marchado en enero para realizar el mismo reclamo. En la reunión que mantuvieron en el ministerio de Trabajo ese mismo día, los líderes de la organización aclararon que no estaban pidiendo más planes sociales sino la reglamentación de la ley.

Este jueves, la CCC cortó el centro y disfrazó ese mismo reclamo con denuncias de cortes de los planes del programa “Construir Empleo” que otorga el ministerio de Jorge Triaca.

Desde el ministerio de Trabajo explicaron a LPO que por ese programa, por el que los beneficiarios reciben $4.000, las organizaciones deben presentar proyectos de contraprestación deun servicio civil (construcción, pintura, reparación, obras, etc.).

Desde la cartera de Triaca señalaron que de los 7 mil beneficiarios que no presentaron ese proyecto, 600 pertenecen a la CCC. Los líderes de esa organización se reunieron con funcionarios del ministerio luego del piquete y “acordaron que van a presentar la documentación”, según las fuentes del ministerio.

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