El Gobierno nacional autorizó este lunes a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta 20 mil millones de dólares con jurisdicción local, de Nueva York y de Londres, renunciando a “oponer la defensa de inmunidad soberana”, como viene haciendo en todas las emisiones externas.

Antes de partir a China junto con el Presidente, el ministro de Finanzas había adelantado que estos instrumentos serían a tasa fija para el mercado externo y a tasa variable para los inversores argentinos; y que la porción externa sería colocada en yenes y euros.

De esta forma, el Gobierno queda autorizado a ampliar su deuda a partir de esta semana, pese a que en febrero fuentes oficiales aseguraron que ya estaban cubiertas las necesidades de financiamiento externo, con los casi 20.000 millones de dólares tomados en el primer bimestre. Dijeron entonces que ya no sería necesario emitir más deuda externa.

La explicación oficial es que esta emisión es parte de una maniobra financiera para mejorar el perfil de la deuda y será recomprada sobre el final del año.
La polémica radica en esta emisión de deuda -según la explicación oficial- no apunta en sí a financiar necesidades concretas del Tesoro, sino que es una apuesta a su recompra en el corto plazo, a un precio menor al actual costo de financiamiento. Por ende, con esta maniobra Caputo espera mejorar el resultado financiero de 2017.

El aval mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 334/2017, lleva la firma de la vicepresidenta a cargo del Ejecutivo, Gabriela Michetti, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Según los considerandos, la decisión responde a “una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017” que “estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales, a efectos de concertar operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior”. La fecha de recompra no fue establecida.

La norma habilita a las mencionadas secretarías a incluir “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y/o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos”.

De todas formas, el decreto aclara que “la renuncia a la inmunidad soberana” no implica “renuncia alguna respecto de la inmunidad con relación a la ejecución de cualquier reserva del Banco Central”, así como de cualquier bien público localizado en territorio argentino o que brinde un servicio público esencial, o los alcanzados por privilegios e inmunidad diplomática.

También quedan excluidos de la renuncia a la inmunidad soberana “efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto”.

Además, se excluyen de la posibilidad de embargo por falta de pago de las obligaciones contraídas los bienes utilizados por misiones diplomáticas, consulares y gubernamentales, los de carácter militar o de agencias de Defensa, los que representen la “herencia cultural” de la Argentina y otros bienes protegidos por “cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable”.

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