Laura Alonso abrió el debate de la ley de responsabilidad penal para empresas en el Senado y volvió a pedir que el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, tome declaración a los ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht que confesaron haber pagado 35 millones de dólares de coimas en Argentina.

Ese era el artículo 37 del proyecto incorporado a último momento por presión de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y finalmente desechado por la oposición.

Proponía crear un acuerdo administrativo para los empresarios acusados de hechos ilícitos anteriores a la sanción de la ley, con intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Alonso lo impuso tras la resistencia de los diputados de Cambiemos a permitir un principio de retroactividad para las penas que permitiera sentar en el banquillo a los brasileños. La oposición lo eliminó en el recinto por considerarlo “inconstitucional” y la funcionaria exigió a los senadores reincorporarlo.

“Lo que se busca con el artículo 37 es obtener un acuerdo administrativo de las personas físicas o empresas del sector público que hayan participado en actos de corrupción. Y generar el pago de las multas correspondientes y el pago de contratos. Por eso es importante la intervención del Procurador del Tesoro: para generar el saneamiento de los actos viciados”, remarcó, durante la primera reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, presidida por el peronista Pedro Guastavino. Casi no hubo senadores, casi todos de campaña.

Como explicó LPO, Saravia Frías, nombrado en enero por Mauricio Macri, nunca estuvo de acuerdo en tomar declaración en su despacho y una vez caído el polémico artículo en Diputados inició actuaciones administrativas en las dependencias oficiales que trabajaron junto a Odebrecht.

En una rueda de prensa posterior a su exposición, Alonso confirmó esas actuaciones, recordó que Odebrecht fue suspendida del registro de constructores, pero ratificó la decisión de pedir un marco legal para escuchar a los brasileños en la Procuración del Tesoro.

“Es importante volver a hablar de las instituciones del Estado, la procurador del Tesoro tiene un rol muy importante y lamentablemente en administraciones anteriores no cumplieron su función”, le respondió a LPO.

La funcionaria propuso otros cambios al proyecto que se reescribió en el recinto de Diputados, en medio de una sesión a los gritos y plagada de cuartos intermedios. Cambiemos había aprobado el dictamen en comisión en minoría, casi sin miembros de otras fuerzas y se animó a un debate abierto en la sesión, que derivó en un texto plagado de errores.

Alonso pidió además limitar los delitos sugeridos para las empresas a cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicas y otros ilícitos vinculados a la administración pública, tal como señalaba el proyecto original del Poder Ejecutivo.

Planteó cambiar el artículo 20, destinado a la figura del “colaborador eficaz”, para “dejar claro” que los delatores podrán gozar de la suspensión de la persecución, pero se las eximirá la pena.

Entre risas, recordó la necesidad de unificar el artículo que extiende el plazo de los delitos de la administración pública con el que los declara imprescriptibles, ambos impuestos por la massista Graciela Camaño y contradictorios entre sí. El error demoró el giro del proyecto al Senado y obligaron a una aclaración de Emilio Monzó.

Carlos González Guerra, director nacional de política criminal, cuestionó que las penas se hayan elevado hasta el 20% de la facturación de las empresas.

“Estamos debatiendo un nuevo código penal y uno de los problemas es justamente la desproporción de penas. Lo ideal es bajarlas y que se consideren los agravantes para que los jueces balanceen”, planteó.

Consideró sin sentido someter a las empresas a un programa de cumplimiento (compliance) interno obligatorio, porque una ley con penas obligará a que lo hagan. De todos modos, los diputados de Cambiemos ya habían recordado que Odebrecht estaba sujeta a ese plan y de nada sirvió.

El chubutense Juan Pais (FpV-PJ) recordó que ya existe legislación penal tributaria y aduanera para empresas y pidió legislación comparada para saber en cuantos países existen normas similares. “En el 66% de los países que tienen una norma para controlar empresas son de tipo penal y en un 5% hay un mix entre penal y administrativo”, respondió Alonso.

Como anticipó LPO, debate de la ley seguirá mañana y la semana próxima, cuando podría surgir un dictamen para tratarse en la sesión del miércoles 16 y devolverlo a Diputados hasta nuevo aviso.

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