El ministro de Hacienda, Luis Caputo, junto con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, anunciaron que el financiamiento para el país en los cuatro años de mandato de Macri ascenderá a los 10.000 millones de dólares, contra los 6.000 millones anunciados en 2015.

El BID tiene dos brazos, uno que se dedica a los préstamos al sector privado y otro que financia proyectos del sector público. Por este último, en 2016 se desembolsaron 1.200 millones de dólares, en 2017 otros 2.300 millones de dólares. Para 2018 están acordados créditos por 2.500 millones de dólares y, para 2019 ,sostuvo Caputo, se prevé un piso de 2.300 millones adicionales. Si se suman las erogaciones para el sector privado, por un monto de 1.650 millones, se llega a la cifra récord que pone a Argentina en el primer destino de los fondos del BID.

“Para cuando termine el mandato, entre los préstamos al Gobierno y al sector privado, vamos a estar cerca de los 10.000 millones de dólares, lo que es una cifra récord”, celebró el ministro.

De esta forma, al descontar los pagos periódicos al organismo multilateral, en estos cuatro años el saldo neto de créditos otorgados a la Argentina será de 3.450 millones de dólares. Esto marca un cambio de tendencia. Durante el kirchnerismo, el saldo del flujo de capitales con el BID era negativo y con Macri pasó a ser positivo. “Y seguiremos aumentando nuestra exposición a la Argentina”, aseguró el titular del BID.

Moreno explicó que esta decisión responde al rezago en materia de inversión y, en particular, de inversión en infraestructura del país respecto del resto de Latinoamérica. Durante el bloqueo financiero por los holdouts, la calificación crediticia argentina de “default selectivo” obligaba al BID a retener en sus arcas un dólar por cada dólar prestado a la Argentina, por lo que la inmovilización de recursos hacía que el BID tuviera que “limitar significativamente los préstamos a la Argentina”.

Respecto de esta “apuesta tan grande del BID por Argentina”, Moreno enfatizó que “Hemos acelerado nuestros créditos a la Argentina y también nuestros créditos concesionales, es decir nuestras ayudas que no tienen costo para la Argentina. Básicamente, hemos multiplicado nuestra actividad por cuatro, convirtiéndose en nuestro principal acreedor sin duda este año y seguramente lo será el año entrante.”

“Hemos multiplicado nuestra actividad por cuatro, convirtiéndose en nuestro principal acreedor sin duda este año y seguramente lo será el año entrante”, dijo el director del BID.
Para “ayudar a que la Argentina crezca y crezca más rápido”, Moreno describió que el nuevo Fondo de Infraestructura por el que aportará aproximadamente 600 millones de dólares y el respaldo de la calificación crediticia AAA del BID. Este fondo -del que también participará el Banco Mundial con un aporte de unos 300 millones de dólares- es la garantía que el Gobierno quiere poner para ampliar la inversión en infraestructura. De todos modos, este es un proyecto en el que están trabajando y al que aún le restan términos por pulir.

Hasta el momento, como adelantó LPO, la Ley de Participación Público-Privada no se ha visto materializada en ningún proyecto porque el riesgo argentino es muy elevado frente al plazo de recupero de la inversión y esto demora la ya aletargada inversión.

Como resaltó Moreno, Argentina está “bastante rezagada en infraestructura” y necesita desembolsos de capital por encima de los recursos de los que dispone el Gobierno. Con este fondo, consideraron Caputo y Moreno, serán más las empresas interesadas en asociarse con el Estado para invertir en Argentina, ya que la garantía del fondo y la cesión de la calificación crediticia sirven para paliar el riesgo argentino.

A su vez, explicó Caputo, con mayor interés de las empresas, más probable es que aumente la competencia entre ellas por la adjudicación de las obras, y, por ende, mejores precios podrá obtener el país en las licitaciones. A su vez, con este capital, se podrá “hacer más rápido el cierre financiero de las obras”, lo que reduce los costos y permite comenzar antes la etapa de ejecución de cada proyecto.

De esta forma, el Gobierno busca apalancarse sobre el crédito internacional y la inversión privada – en el marco de la nueva Ley de Participación Público-Privada (PPP)- para aumentar el gasto en infraestructura, en un contexto en el que debe reducir un punto del Producto Bruto Interno (PIB) el déficit fiscal primario y no tiene margen para ampliar el gasto en obra pública.

En sus últimos informes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estimaron que la inversión en infraestructura debería ascender al 4% del PIB y al 5% respectivamente, frente al módico 2,4% actual.

“A los organismos multilaterales les gustaría prestar más de lo que su capital les permite y a los países, como nosotros, nos gustaría invertir más en infraestructura de lo los presupuestos lo permiten. Entonces, el mejor uso del apalancamiento de los recursos con el sector privado es la mejor herramienta para lograr esos objetivos. Ya lo dijo el jefe de Gabinete el otro día en el Congreso, tenemos que estar invirtiendo un 50% en infraestructura que en 2017. En 2018, tiene que llegar al 3,5% del producto (bruto interno)”, detalló Caputo.

Seguro de emergencia climática

El otro proyecto en tratativas con el BID es un seguro por 300 millones de dólares por crisis de causas naturales como sismos, inundaciones u otras catástrofes naturales que están tabuladas en el acuerdo. De esta forma, en caso de haber una emergencia climática, se gatillaría de forma casi inmediata -a lo sumo 48 horas- el pago.

La ventaja, detalló el ministro, es que es un seguro por el que no habrá que pagar una prima de riesgo. De esta forma, no hay costo por tener acceso veloz a asistencia en caso de emergencia. Sin embargo, aclaró Caputo, que no es un seguro agrícola, sino de crisis climática al estilo del huracán Irma o un terremoto como el de México. Puntualmente, en el último sismo en Ecuador el BID hizo un desembolso de emergencia similar.

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