El Gobierno descartó la idea de avanzar en la conformación de una comisión de a ONU que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado.

La decisión se informó luego de una reunión entre funcionarios -que encabezó Marcos Peña- con el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra.

Peña descartó la creación de un grupo de expertos independientes para que investigue el caso. De la reunión también participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En diálogo con LPO, fuentes presentes en la reunión contaron que fue una decisión “conjunta” del Gabinete. Sin embargo, como había dado cuenta este medio, la posición sobre la posibilidad de que una comisión de la ONU interviniera en el caso dividía a los funcionarios.

Mientras que Garavano la aceptaba, la ministra Patricia Bullrich -que no participó del encuentro- se negaba, al igual que Avruj, quien mediaba entre ambos pero lo señalaban como “sin predisposición” a que se creara este grupo.

Tras dos reuniones previas con Incalcaterra para crear la comisión especial de la ONU, este martes se descartó la chance. Según las fuentes de la Rosada, la razón es que existen “avances de la causa”, por lo que se vuelve innecesario que un organismo como Naciones Unidas participe de la investigación.

“La decisión se tomó en conjunto, porque hay consenso sobre la existencia de nuevos elementos en la causa”, argumentaron. Según esta explicación, el Gobierno considera que la investigación que lleva adelante el juez federal Guido Otranto “se está encauzando”.

Garavano ya le comunicó la decisión a la familia Maldonado, que había hecho el pedido inicial de que se creara una comisión de la ONU en el marco de la reunión que sus abogados mantuvieron con las autoridades el 29 de agosto pasado.

Ante ese escenario, Garavano quería abrir la investigación, mientras que Bullrich presionaba para que esto no suceda, secundada por Avruj. Según esa versión, se oponían a que intervenga Naciones Unidas porque eso le daría acceso al CELS y temen un “uso político” de la causa a través de Horacio Verbitsky.

“Creen que se va a meter el CELS para sacar información de la causa y para embarrar la cancha”, dijo en off una fuente del Gobierno a LPO. En ese sentido, dicen que hay que “evitar” que desde el centro de estudios y la defensa de la familia se ponga “presión” sobre la comisión, con “fines políticos”.

Esta visión contrastaba con la del equipo de Garavano, que enfatizaba que sea cual fuere el final del caso, lo mejor es que esté avalado por una comisión internacional.

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