La demanda por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a enfrentar al Gobierno con la oposición, que advirtió una maniobra de Inglaterra para ratificar su dominio con anuencia de la diplomacia argentina.

La denuncia la hicieron los diputados Guillermo Carmona (FpV-PJ) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), quien este miércoles aprovechó la visita de Marcos Peña a la Cámara de Diputados para pedirle explicaciones. “Tomo nota de la inquietud”, se desentendió el jefe de Gabinete.

Una respuesta similar dio un día antes la diputada macrista Cornelia Schmidt-Liermann en la Comisión de Relaciones Exteriores, ante una furiosa descarga de Carmona.

Era el ámbito parecía el más propicio para reclamar, porque el año pasado, cuando era presidida por Elisa Carrió, rechazo al convenio bilateral firmado por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su colega británico, que desechaba cualquier ataque comercial a las Islas y protegía la explotación de recursos por parte del Reino Unido. Fiel a su estilo, la chaqueña le hizo pasar un mal momento al funcionario de su Gobierno.

Foradori aseguró que no era un convenio sino un comunicado y por lo tanto no era necesario pasar por el Congreso.

Y para acallar la furia, durante su estadía en la asamblea de la ONU de New York Macri celebró que su par Theresa May le había prometido comenzar un diálogo sobre la soberanía de Malvinas. A los pocos minutos fue desmentido por el Foreign Office, la casa diplomática británica.

Un año más tarde pareciera quedar claro que ese diálogo no existió: los párrafos 196 y 197 de la reciente declaración ministerial del G77 más China incorporan elementos de aquel polémico convenio para proteger los recursos naturales Malvinas, aun cuando fuera rechazado por todas las fuerzas políticas del Congreso.

Lo hace al recordar “la importancia de no tomar medidas que pudieran afectar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible” de las Islas. “Las medidas legales de Argentina para impedir el accionar ilegal británico representarían un ‘obstáculo’ para el desarrollo sostenible”, interpretó Carmona, en un proyecto de resolución presentado ayer.

Y recordó que ese párrafo no sólo coincide con fragmentos del convenio bilateral, sino que no fue parte de las anteriores declaraciones del G77 sobre las islas. Cristina Kirchner fue la gestora de esas “medidas legales”, como sancionar en el país a empresas que participaran de explotaciones ictícolas e hidrocarburíferas en las Malvinas. Lo hizo con respaldo opositor, aunque Federico Pinedo rechazó viajar con ella a las Islas.

“Se pasó de reclamar recursos económicos que son de la Argentina insular, a no afectar el crecimiento sustentable de las Islas”, se molestó el massista Grandinetti, ante la mirada atenta de Peña. Que no respondió.