Ante la propagación de amenazas de bomba en diferentes escuelas del Conurbano, en Tres de Febrero fueron imputados 18 alumnos y el intendente Diego Valenzuela anunció que avanzará sobre la posible responsabilidad de los padres, propietarios de las líneas telefónicas desde las cuales adolescentes concretaron esas llamadas intimidatorias.

Según contaron desde Tres de Febrero, en ese distrito se realizaron en el último mes unas 126 amenazas telefónicas a escuelas públicas y 40 a colegios privados.

Esas causas derivaron en la identificación de 18 estudiantes como responsables de esas acciones. En todos los casos se trata de jóvenes inimputables, según se aseguró en el municipio.

Por eso, Valenzuela explicó que avanzará con demandas económicas a los padres, a raíz de lo que gasta la municipalidad en estos casos. “Siempre hay responsables ante un caso de violencia”, dijo el intendente.

A través de una carta que se difundió este martes, Valenzuela detalló que en coordinación con el fiscal de San Martín trabajan para “encontrar a los responsables”.

“Quizás sean estudiantes, jóvenes que crecieron en el país de la viveza criolla y creen que es gracioso o pícaro. No es gracioso malgastar los recursos públicos. No es pícaro generar inquietud. No es bueno evadir el trabajo y las responsabilidades, se trate de un examen de secundario o de cosas de adultos. En todo caso, es una práctica que muestra cuan necesario es el cambio cultural que estamos construyendo”, sostuvo.

También opinó que puede haber un “estímulo de la vieja política”, a la que “parece no importarle usar a jóvenes y quitarles posibilidades de educarse si sirve para sus fines de crear inquietud en la sociedad. Como parece mostrar el caso difundido sobre un docente de Quilmes imputado de haber hecho un llamado de amenaza en la escuela donde da clases”.

Valenzuela aclaró que ante la imposibilidad de juzgar penalmente a los imputados por ser menores, decidieron iniciar una demanda civil a los padres, madres o tutores responsables de los jóvenes identificados como autores de los llamados para que respondan económicamente por las pérdidas que las acciones de sus hijos o hijas ocasionan a la comunidad.

“La realidad no se cambia de un día para otro. Reconocemos lo que está pasando y cuan difícil es abordarlo, pero no miramos para otro lado y nos ocupamos”, señaló y justificó: “Los padres somos responsables de la conducta de nuestros hijos e hijas menores de edad. Estamos trabajando para empezar a reparar tanto daño que décadas de falta de reglas claras y avivadas han generado a la convivencia y a las posibilidades de desarrollo de nuestra Argentina”.

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