Una polémica cláusula transitoria incluida en el proyecto para modificar la Procuración General permitiría echar a los empleados contratados desde 2013 por Alejandra Gils Carbó, que dejará el ministerio Público Fiscal a fin de año.

La cláusula figura en el dictamen que firmaron el macrista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado; el radical Ángel Rozas y los peronistas Miguel Pichetto y Pedro Guastavino, que será tratado la semana que viene.

La tercera cláusula transitoria del proyecto deja sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración General y la Defensoría General de la Nación que no hubieran cumplido con un mecanismo de concurso, a partir de la sanción de la ley 26.681, de “Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación”.

La ley 26.681 fue sancionada el 29 de mayo de 2013 y promulgada dos días después. Luego de esa fecha, el macrismo se esmeró en denunciar que Gils Carbó copó la Procuración con empleados militantes de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

En la planta de empleados que ingresó luego de esa fecha reina el pánico ante la posibilidad de perder el trabajo. Entre los afectados señalaron a LPO que la cláusula es inconstitucional y que no se descarta una presentación en la Justicia, puesto que esa cláusula transitoria sentaría un polémico precedente para el resto de la administración pública.