Este martes en la sede porteña de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron en un plenario alrededor de 150 dirigentes agropecuarios de diversos complejos productivos para analizar la situación del sector.

Como era de esperar, la suba de impuestos al vino planteada en el proyecto de reforma fiscal elaborado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, copó la agenda en un encuentro que se desarrolló durante 6 horas donde estuvo La Política Online.

Los productores que expusieron la problemática que generará el aumento del tributo apuntaron duro contra la Casa Rosada. La primera en tomar la palabra fue la combativa Gabriela Lizana, líder de los productores autoconvocados del Este de Mendoza.

“Este impuesto le va a pegar duro a los viñateros porque la industria está concentrada en tres actores muy fuertes que, en lugar de trasladar la suba al consumidor final, lo van a hacer al sector productivo”, advirtió Lizana en uno de los discursos más aplaudidos.

“Siempre pensamos que lo que pasó fue lo peor. Pero cuidado porque siempre puede venir algo más duro”, señaló la productora. “Necesitamos una Ley que regule la cadena vitivinícola con códigos de buenas prácticas comerciales”, agregó.

Este miércoles Dujovne recibirá en su despacho al gobernador Alfredo Cornejo para tratar la suba de impuestos que en un principio estuvo planteada en un 17% y luego de los reclamos de los gobernadores de las provincias viñateras se disminuyó al 10%.

Si bien en el sector confían en convencer al ministro para que de marcha atrás con la aplicación del impuesto, lo cierto es que en la Casa Rosada sostienen que la baja de 7 puntos fue un gesto y que no hay suficiente margen para seguir disminuyéndolo.

En tanto, Alejandro Pons, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de Cuyo, dijo que “Macri nos prometió una baja de la presión fiscal y ahora nos tiró un mazazo con este impuesto provocando que el sector esté movilizado”.

“El Estado hizo una campaña de promoción para que el vino sea bebida nacional y ahora la están castigando”, se quejó Pons. “Necesitamos que se de marcha atrás porque los productores no están en condiciones de soportar estos costos”, añadió.

En esta línea, sólo en San Juan se estima que, en caso de aplicarse el impuesto oficial, se perderán alrededor de 30.000 puestos de trabajo, mientras que en Mendoza la pérdida de empleos sería aún más alta porque afecta a la principal economía regional.

Por su parte, Sebastián Lafalla, dirigente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, comentó que con el nuevo impuesto “se perderán miles de hectáreas en una actividad productiva que genera más de 180 mil empleos directos”.

Lafalla también reclamó por otros impuestos: “La Ganancia Mínima Presunta es absurdo porque suponen que vamos a tener un negocio rentable en una actividad cíclica como la agricultura en la que nos enteramos cómo nos fue en 10 meses”, destacó.

El encuentro en el salón principal de la CAME en pleno microcentro porteño estuvo presidido por el titular de la entidad, Fabián Tarrío; el presidente de Economías Regionales, Raúl Robín; y el director ejecutivo, Pablo Vernengo.