Este lunes el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley centrado en tres frentes: alivianar el costo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), dotar de liquidez al sistema hipotecario y una reforma parcial de la Ley de Mercado de Capitales para eliminar el artículo 20 y otras “facultades exorbitantes [de la Comisión Nacional de Valores (CNV)] que atentan contra la seguridad jurídica y la confianza de los participantes en el mercado de valores”.

Sobre este último punto, cabe recordar que el proyecto de Ley de Mercado de Capitales enviado en 2016 nunca tuvo dictamen en el Congreso, por eso con el actual buscan cubrir todos los puntos cruciales de la iniciativa anterior. En particular, el espíritu de la norma apunta a “eliminar asimetrías” en el tratamiento impositivo entre los Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos y cerrados, una de las grandes trabas a que el Blanqueo se tradujera en inversiones en la economía real.

Es la segunda gran reforma que el Gobierno envía al Congreso en un solo día tras la presentación de la Reforma Tributaria. Y en breve se sumará también la Reforma Laboral. Junto con el Consenso Fiscal, se trata de uno de los cuatro pilares con los que el Mauricio Macri imprimirle un giro a la economía de su mandato.

El otro gran punto de la iniciativa presentada por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, es flexibilizar la hiperreglamentación de la Ley de Mercado de Capitales de 2012 que saturaba a la CNV de obligaciones y prerrogativas, en particular la del célebre artículo 20 que le permite al Estado intervenir con poder de veto el directorio de empresas cotizantes. Esta normativa, resistida en el mercado por considerarla abusiva, es uno de las principales reclamos de las empresas para participar de la bolsa.

La tasa de interés de las Lebacs cerca del 30% anual le fija un piso muy elevado al costo de financiamiento de empresas. Y cuanto más pequeñas, más se les dificulta el acceso al crédito como reconocen los considerandos de este proyecto de ley. Por eso, el texto enviado al Congreso pone en primer lugar a las Mipymes como motor del empleo y beneficiaria de una reforma que les facilite el financiamiento en el mercado bursátil.

En este sentido, el proyecto de ley propone que la AFIP ponga en práctica las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” para disminuir la necesidad de capital de trabajo de las empresas y así alivianarle el costo financiero. Estas facturas “podrán ser negociadas en los mercados” que la CNV autorice. Por lo que los activos de las empresas podrán negociarse cual acciones eximiendo a las empresas de la necesidad de tomar créditos bancarios para cubrir su capital de trabajo.

Los activos de las empresas, certificados por la AFIP, podrán negociarse como si fueran acciones, eximiendo a las empresas de recurrir a los créditos bancarios para cubrir su capital de trabajo.
Además, la normativa busca que se abran mercados de nuevos valores derivados. Según explica el texto, la finalidad es reducir la volatilidad del mercado y dar opciones de previsibilidad y cobertura frente a los riesgos que puedan afectar al patrimonio de personas y empresas.

En sus consideraciones, el texto enviado al Congreso señala que “a través de los contratos derivados, es factible obtener cobertura o transformar el riesgo que se desprende de eventuales cambios en las tasas de interés, del valor de mercado de un insumo, producto o moneda y de otras variables susceptibles de afectar los resultados de una empresa.”

“Por otra parte, los contratos derivados, al permitir una mejor diferenciación de riesgos, facilitan su traspaso a agentes que están dispuestos y que tienen mayor capacidad para asumirlos”, agrega. Por lo que propone la creación de estos instrumentos presentes en todas las economías desarrolladas.

En lo que respecta a los bancos, la iniciativa busca adelantarse a las restricciones de liquidez que en el mercado anticipan que empezarán a hacerse sentir el año que viene cuando, conforme al ritmo que crece el crédito, los bancos lleguen al nivel legal mínimo que exige el Banco Central. En particular, el proyecto de ley busca promover la creación de un mercado de deudas hipotecarias. LPO adelantó que el Banco Ciudad ya avanzaba con una primera securitización de los créditos en UVAs y con esta nueva normativa busca

“A los efectos de potenciar los planes de financiamiento hipotecarios, resulta necesario y urgente implementar instrumentos que permitan descontar en el mercado de capitales los créditos hipotecarios así como fomentar la utilización de los fondos derivados de dicha operación para el otorgamiento de mayor cantidad de préstamos hipotecarios -y a mayores plazos y montos y menores tasas de interés-“, señala el texto que busca revitalizar las letras hipotecarias ya que “constituyen un vehículo idóneo para la cesión o descuento del crédito hipotecario en el mercado de capitales a un costo compatible con la posibilidad de instrumentación real y concreta de dicha transferencia o descuento”.

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