La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la investigación Los Sauces por lavado de dinero, a través del alquiler de plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

En el fallo, los jueces también ratificaron el procesamiento de los dos empresarios y los embargos millonarios sobre la exmandataria y sus hijos.

En cambio, los magistrados Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero rechazaron la imputación contra Cristina Kirchner por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal confirmó así lo resuelto por el juez federal Claudio Bonadio, que tras dictar los procesamientos se declaró incompetente y giró el expediente a su colega Julián Ercolini por “conexidad” con Hotesur, ya que en las dos causas se investigan maniobras similares y con los mismos involucrados.

Los jueces confirmaron el procesamiento de la exmandataria por considerarla jefa de una asociación ilícita y coautora del delito de lavado de dinero.

Por ello, le fijaron un embargo de 110 millones de pesos, mientras que para su hijo Máximo fue de 130 millones, y para Florencia de 100 millones, por el rol de integrante de la organización.

También fueron confirmados los procesamientos de los Lázaro Báez, de sus hijos Martín, Luciana y Leandro; de Cristóbal López; su socio, Fabián De Sousa; de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta; de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia Kirchner; y del contador Víctor Manzanares, entre otros.

En el caso de los hijos de Báez, el Tribunal confirmó la acusación de Martín por asociación ilícita, en tanto que Luciana y Leandro solo aparecen como partícipes necesarios del lavado de activos.

“Ello así, puesto que la matriz existente en el ámbito de la obra pública habría producido elevadas ganancias ilícitas – producto de las defraudaciones cometidas en 52 expedientes de contratación- que, en virtud de la propia naturaleza asociativa de la organización criminal, es razonable inferir que fueran repartidas o distribuidas entre sus principales socios. Esto es, los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Lázaro Báez, quien en principio recibía los beneficios derivados de los ilícitos cometido”, sostuvo la Cámara.

Los hechos tuvieron lugar entre 2003 y 2015, en paralelo al gobierno de la familia Kirchner y en medio de la sospecha de irregularidades en la concesión de la obra pública vial a Báez, por lo que también están procesados la exmandataria y el empresario, entre otros.

Sobre Máximo, el Tribunal evaluó que “se desempeñó como presidente de la sociedad familiar, recibió los pagos provenientes de las firmas señaladas y suscribió contratos de alquiler de inmuebles societarios”.

En tanto, consideró que Florencia, tras incorporarse a la sociedad junto a su madre y hermano, pasó a detentar el 50 por ciento del paquete accionario y desde 2015 integró el directorio y comenzó apercibir un salario de esa entidad, habiendo recibido el total de 3.700.000 pesos.

“En igual sentido que los antes nombrados, deberán responder Romina de los Ángeles Mercado, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, quienes desde sus distintos roles habrían realizado aportes esenciales para el perfeccionamiento de la maniobra”, dispuso el Tribunal, que además ratificó la acusación contra Manzanares, detenido por presunta obstaculización de la investigación.

La Cámara encomendó al juez Ercolini embargar a las personas jurídicas que aparecen en la causa, entre ellas, Los Sauces S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L, Kank y Costilla S.A., Valle Mitre S.A., Austral Construcciones, Negocios Patagónicos S.A., Negocios Inmobiliarios S.A., Idea S.A., Inversora M&S S.A. y Álcalis de la Patagonia S.A.