El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi otorgó hoy la eximición de prisión al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, en el marco de la denuncia en su contra por insolvencia fraudulenta, al vender dos vehículos tras la inhibición general de bienes impuesta en la causa “Plan Qunita”.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que, en línea con lo dictaminado por el fiscal federal Ramiro González, el juez finalmente le otorgó la eximición, con lo cual el exfuncionario no corre peligro de quedar detenido.

La concesión del recurso por parte del juez fue bajo una caución juratoria, esto es la promesa del imputado de que no va a evadirse de la Justicia, y se produjo luego de que a primera hora de este martes el fiscal González dictaminara a favor de concederle el planteo.

En su dictamen, la Fiscalía remarcó que el exjefe de Gabinete tiene fijado domicilio y está a derecho en otras causas que se tramitan en su contra en la Justicia Federal.

“No se vislumbra como el imputado, en el caso de permanecer en libertad, podría obstaculizar el desenvolmiento de la investigación”, concluyó el fiscal en su dictamen.

El jueves pasado la fiscal general Gabriela Baigún había pedido ampliar el embargo dispuesto a los imputados en el marco de la causa por el Plan Qunita y denunció al exjefe de Gabinete y a un empresario acusado por desapoderarse de bienes cuando ya pesaba sobre ellos la inhibición general.

En la causa por el Plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio había procesado a 18 imputados, entre ellos Aníbal Fernández y el exministro de Salud Daniel Gollan, por el delito de fraude a la administración pública, violación de deberes y abuso de autoridad, y les trabó embargos a los acusados que en algunos casos llegaron a 440 millones de pesos.

En el caso de Fernández, el 23 de febrero de 2016 un oficial de Justicia lo intimó a que ofreciera bienes para hacer frente al embargo, aunque el exfuncionario explicó que no podía afrontarlo y el juez Bonadio decretó la inhibición general.

El 11 de agosto de 2016 el exjefe de Gabinete solicitó el levantamiento del embargo para inscribir bienes que correspondía asignar a María del Carmen Barreiro, su exesposa, de acuerdo a la división conyugal.

Bonadio hizo lugar al levantamiento del embargo sólo a ese fin y apenas comprendió a un inmueble en Villa Gesell, otro en la localidad Bonaerense de Quilmes y un local comercial en esa misma ciudad del conurbano bonaerense.

Pero la Fiscalía detectó que Fernández vendió un vehículo marca Toyota Hilux 4×4 el 27 de mayo de 2016 a la Distribuidora Elite SRL por 450.000 pesos; y también un BMW el 1 de septiembre del mismo año a Vincent Marcelo Hernán por unos 634.450 pesos.

Las transferencias de los vehículos fue posterior a la inhibición general de bienes decretada en su contra, por lo que la fiscal Baigun lo denunció ante la Cámara Federal porteña por insolvencia fraudulenta al querer desprenderse de parte de su patrimonio.

“¿Cómo voy a estar preocupado si la causa es una locura? Pedí la autorización, me presenté, vendí los dos autos y compré uno que es más caro que los dos. Encima, el monto está intacto en la cuenta”, dijo Fernández, al ser consultado sobre la acusación de la fiscal Baigún.

Fernández está involucrado en la causa que estudia supuestas maniobras ilegales en las licitaciones para la fabricación de los kits que otorgaba el Gobierno de Cristina Kirchner a madres en situación de vulnerabilidad social.

Este programa consistía en la entrega de una cuna y elementos para el bebé recién nacido y para la mamá (bolso cambiador con artículos de higiene, termómetro digital, un porta bebé y otros elementos de uso cotidiano como chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes para los primeros meses).

En esta causa ya se encuentran procesados diversos ex funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación en 2015, por haberse verificado irregularidades originadas en el propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras de 150.000 kits con un sobreprecio -como hipótesis de mínima- de alrededor de 3.000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, 450 millones de pesos.

Además, y de acuerdo a la investigación, la licitación se habría direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.