La situación del Grupo Indalo se agravó hoy luego de que la AFIP confirmara ante la Justicia que no están previstos planes de pagos o moratorias para que Oil Combustibles cancele su deuda con el fisco por el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), calculada en $ 8000 millones, con lo que la principal empresa de Cristóbal López quedó al borde de la quiebra.

En paralelo, la AFIP reclamó ante la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, socios mayoritarios del grupo empresario, sean juzgados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributo”, como dispuso ese tribunal, dijeron hoy fuentes judiciales.

López y De Sousa fueron excarcelados a mediados de este mes -tras haber permanecido presos desde diciembre pasado- por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

El reclamo de la AFIP quedó plasmado en una apelación presentada este mediodía por el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, contra el fallo de la Cámara Federal porteña, que dispuso el cambio de carátula en la causa contra López y De Sousa.

La presentación fue realizada en el marco de la causa que investiga la retención de 8.000 millones de pesos del pago de ese impuesto a través de la firma Oil Combustibles, la principal empresa del Grupo Indalo.

Además, el organismo recaudador, a través de su subdirector de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto, informó al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), informaron fuentes judiciales.

Con esta aclaración de la AFIP, la principal empresa del Grupo Indalo quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia.

Cosentino convocó hoy a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados del organismo oficial para buscar una salida, es decir, algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda.

Devoto fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma, aseguraron las fuentes.

Días atrás, el Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) remarcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia y subrayó que la AFIP “rechaza toda solución presentada por OCSA (Oil Combustibles S.A), arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”.

La semana pasada el juez desplazó a los administradores del grupo de López y Da Souza, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por “irregularidades” en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.

“La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al estado de miles de millones de pesos”, sostuvieron los abogados de AFIP, que, en calidad de querellantes, no pueden apelar la liberación de los dos empresarios.

La maniobra investigada fue “urdida desde los más altos niveles de conducción de la AFIP para beneficiar al Grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco”, sostuvo Gil Lavedra en el escrito de 45 páginas que presentó hoy ante la Cámara de Casación.

Para los abogados de AFIP, la causa excede la “indebida retención de tributos”, porque incluyó la participación del ex titular de ese organismo Ricardo Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado, pero sin detención.

En tanto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá mañana para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a López y De Sousa.

La investigación se originó en un pedido de la Corte Suprema del jueves pasado, solicitando al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que determine el “procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I”, para así despejar si existió o no “alguna irregularidad en esa conformación”.

Ante el pedido de la Corte, el camarista de la Sala I, Jorge Ballesteros, salió a explicar la incorporación de Farah recordando que la sala tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler, y que el magistrado fue designado por sorteo en una causa conexa el 15 de diciembre pasado.

Mañana, el Consejo de la Magistratura analizará si realmente existe conexidad entre ambos expedientes y, por tanto, si la explicación de Ballestero tiene fundamento.