El Gobierno tiene problemas para financiar el soterramiento del tren Sarmiento por las trabas jurídicas que encierra esta obra clave que estuvo salpicada por el caso Odebrecht.

Molesto por las maniobras de los brasileños con la información del Lava Jato, Mauricio Macri presionó fuerte para que Odebrecht se retirara de la obra, algo que finalmente sucedió el año pasado. Con el retiro también de la española ComSa, la UTE que tiene a su cargo las obras quedó a cargo de la italiana Ghella, asociada con Iecsa (ahora llamada Sacde, tras la venta de Ángelo Calcaterra a Mindlin). Ese fue el plan de Macri desde un principio: correr a Odebrechet y dejar a las dos empresas que hicieron la obra del arroyo Maldonado.

Ghella acercó al Gobierno en septiembre pasado una propuesta de financiamiento por parte de los bancos HSBC y Deutsche, con la garantía de la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), un organismo del gobierno italiano.

Sin embargo, desde entonces el Gobierno demora el reporte que tiene que emitir la comisión especial que se creó para investigar cómo se asignó el contrato de la obra. Los bancos hace cinco meses que esperan el dictamen o reporte, que está en “stand by”, según aseguraron a LPO fuentes que siguen la obra.

La comisión que audita la obra del soterramiento está integrada por representantes del Ministerio de Transporte y por dos representantes de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La duda de los bancos, dos de los más importantes del mundo, es si no hay riesgo jurídico para invertir en una obra que quedó manchada por el Lava Jato. Aunque todas las sospechas apuntan a Odebrecht, sus ex socios en la UTE del Sarmiento no están exentos de las investigaciones.

El año pasado salió a la luz que los brasileños, Iecsa y ComSa habrían pagado “honorarios” durante años a Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. Y también se conoció un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que determinó que hubo “múltiples” irregularidades en la licitación.

Por este motivo, hasta que no aparezca el dictamen de la comisión investigadora y se disipen los riesgos jurídicos, los bancos se niegan a financiar una obra que demandará al menos 1.500 millones de dólares

En el Gobierno aseguran que de todos modos la obra continúa con fondos del Tesoro presupuestados por Macri y que la tuneladora, que avanza en sentido desde Haedo hasta la estación Once, ya terminó casi 4 kilómetros.