La multinacional Cargill sorprendió el pasado jueves con una medida extraordinaria, en medio de la temporada de cosecha, cerró las puertas de las dos plantas que tiene en Argentina hasta el próximo 10 de abrir alegando que no podía garantizar la seguridad debido a las medidas de fuerzas que el sindicato llevaba adelante en respuesta a 44 despidos.

Desde el gremio denunciaron un lockout por parte de la cerealera por haber suspendido a 500 trabajadores sin goce de sueldo en Bahía Blanca y Villa Gobernador Gálvez: “No entendemos la actitud de la empresa ya que siempre hemos estado dispuestos al diálogo”, afirmó en diálogo con LPO Daniel Yofra, secretario General de la Federación de Aceiteros.

De hecho, Yofra recalcó que el gremio “tenía una buena relación, siempre tratando de agotar el diálogo en cada conflicto, por eso nos sorprende la actitud de la empresa que cortó todo canal de negociación”.

Según la versión del sindicato, hace poco más de un mes habían mantenido una reunión con representantes de la firma donde se habían comprometido a no despedir trabajadores y ofrecer retiros voluntarios “pero dos días después enviaron 44 telegramas”.

Sin embargo, en aceiteros creen que detrás del conflicto hay una estrategia digitada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un capítulo más de la guerra que emprendió el funcionario contra los sindicatos más reticentes a acordar con su cartera.

Es que aceiteros se encuentra en medio de la discusión paritaria que en un primer momento se había ofrecido un 10 por ciento, luego un trece y la última propuesta fue del 15, el techo con el que el gobierno pretende cerrar el acuerdo salarial: “Pretenden que cerremos un salario a la baja y saben muy bien que no lo vamos a firmar”, aseguró Yofra.

Además, el Ministerio que conduce Triaca aún no emitió los certificados de las autoridades del sindicato de Rosario -el más fuerte del país- que fueron elegidas en noviembre de 2016 como tampoco reconoció a los dirigentes de la Federación que se eligieron en agosto pasado.

Si bien no hubo impugnaciones como tampoco argumentos legales ni administrativos en la elección de las comisiones, desde la cartera se negaron a reconocer las autoridades elegidas. Tampoco se homologaron los últimos dos convenios que firmaron aceiteros.

Con estos elementos, en el gremio temen que el objetivo final del ministro Triaca sea el de intervenir el sindicato, desplazar a las autoridades y reemplazarlas por una comisión con mayor afinidad política.

“Si una empresa de estas características pone en vilo a uno de los sectores de mayor liquidez y que le da al gobierno los principales beneficios tributarios y el gobierno no hace nada, no interviene y no se esmera por dar una solución inmediata, es raro” reflexiona Yofra.

Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia trataron por todos los medios para que haya un acercamiento entre las partes aunque no hubo mayores avances: “en la empresa esperan que actúe Nación, al Ministerio provincial le dan la espalda, se nota que hay una mano del gobierno (nacional) sostuvo el dirigente gremial.

Además, en las empresas como Cargill, a pesar que los trabajadores cuentan con buenos sueldos, el costo laboral representa entre el 0.5 y el 1.2 por ciento. “No hay un problema económico porque plantearon que a los 44 expulsados se los iba a reemplazar por gente nueva” concluyó Yofra.

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