El Tribunal Oral Federal 1, que tiene la causa contra Cristina Fernández de Kirchner por la venta de contratos de futuros de dólar al final de su mandato, este jueves envió una orden al Banco Central para que informe si estuvo utilizando en las últimas dos semanas este instrumento financiero.

En efecto, el Banco Central para hacer frente a la corrida cambiaria vendió en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y también en el Mercado de Futuros de Rosarios, Rofex, contratos por 800 millones de dólares. 200 millones de dólares fueron pactados el martes y los 600 millones restantes ayer, según informó el Banco Central.

Los precios pactados para el instrumento que vence a fin de este mes rondaron $23,1 por dólar, prácticamente cuarenta centavos por encima de la cotización mayorista al cierre de ayer.

El Tribunal Oral labró la orden judicial en respuesta a un requerimiento formulado por defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en la causa que Mario Negri y Federico Pinedo iniciaron contra la ex presidenta, el ex Economía, Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

El requisito puntual es que informe de forma urgente si en los últimos 15 días la autoridad monetaria había operado estos instrumentos, como es de público conocimiento, y que remita a la Justicia las actas y resoluciones del directorio con los “términos y condiciones” de estas operaciones.

El Banco Central para hacer frente a la corrida cambiaria vendió en el MAE y en el Rofex contratos por 800 millones de dólares.
Días atrás, varios economistas de distintas vertientes se lamentaban por el no uso de este instrumento de política monetaria para contener la corrida cambiaria.

Por ejemplo, Rodrigo Álvarez señalaba a comienzos de la semana: “En Analytica creemos que es tiempo de que el BCRA empiece a dar cobertura a los no residentes mediante el mercado de futuros o algún derivado similar. Ya probó vendiendo reservas y aumentando la tasa de interés real en pesos. Es hora de que aumente la tasa de interés en dólares para las operaciones en pesos. Esto no implica un seguro de cambios, sino alinear los rendimientos que surgen de Rofex con los de su equivalente en moneda dura (los rendimientos de los bonos en dólares)”.

En un primer momento la causa tramitó el juez Claudio Bonadio, quien autorizó a que los contratos vendidos por Vanoli fueran pagados al precio pactado con las nuevas autoridades. Esto generó una polémica entre los economistas, entre los que advertían que judicializar la utilización de un instrumento de política monetaria podía limitar la contundencia del Banco Central en caso de ser necesaria, y los que consideraban que el uso que había hecho Vanoli de estos contratos había significado un perjuicio contra el patrimonio del Banco Central.