El “acuerdo de estabilidad de precios” firmado entre Aranguren y las petroleras, que determinó el congelamiento de los combustibles durante dos meses, terminará saliendo mucho más caro de lo imaginado.

La suba de un 15% del dólar, del 8% del precio internacional de petróleo y del 8,42% en promedio del bioetanol desde la firma del convenio, elevó el atraso del precio de las naftas a un 39%. De este modo, hoy en día el litro de la nafta super debería cotizar a $35,32 en el mercado.

Este número surge de la fórmula pautada entre el Ministerio de Energía y Minería junto a las empresas refinadoras de crudo para calcular “los ajustes resultantes de eventuales variaciones adicionales de costos no trasladados a precios”, de acuerdo a la evolución del tipo de cambio, el precio del crudo Brent -que sirve de referencia para el mercado de exportación europeo- y el valor de los biocombustibles.

A sólo tres semanas de la firma, estos costos ya marcan un alza del 24%, que sumados al 12% del atraso de abril reconocido por el propio ministerio en el acuerdo, se llega al mencionado 39%.

Según algunas estaciones de servicio de la zona agrícola pampeana, este escenario está generando un desabastecimiento del gasoil, dado que las petroleras están entregando menos combustible para que a menor cantidad de ventas, sus pérdidas no sean tan abultadas.

Si el congelamiento se prorrogara hasta fin de año y siempre que no haya nuevos incrementos, la compensación fiscal equivaldría a unos $150.000 millones, un 1,21% del PBI.
El convenio -publicado por EconoJournal- prevé que esta diferencia se adicione en el precio de los combustibles a partir del 5 de julio en seis cuotas mensuales consecutivas denominadas en dólares. No obstante, teniendo en cuenta semejante incremento y sabiendo que el mercado estima una tendencia alcista del precio del Brent, es probable que el Gobierno evalúe otros mecanismos para evitar el consecuente impacto en la inflación.

“El instrumento de compensación podrá ser un pago en efectivo o una rebaja de impuestos”, afirmó el presidente de YPF Miguel Gutiérrez tras participar en la provincia de Tucumán de la inauguración de la Central Térmica El Bracho.

Esta posibilidad fue contemplada en el acuerdo que determina que “en el caso de que por circunstancias de mercado, la aplicación de la Cuenta Compensatoria no pudiera ser trasladada a precios, el Poder Ejecutivo Nacional se compromete a que los Refinadores recuperen las variaciones de costos no trasladadas a precios antes del 31 de Marzo de 2019”.

Sin embargo, no parecería ser el momento indicado para acelerar el gasto público, en un contexto donde el presidente Macri reconoció que la reciente corrida fue un síntoma de que “el mundo decidió que la velocidad con la que habíamos decidido reducir el déficit no es suficiente”.

Ante el fracaso del gradualismo, la cartera de Dujovne anunció que se aplicará un mayor ajuste -ahora además supervisado por el FMI- para poder darle algo de velocidad a la demorada corrección de las cuentas fiscales.

Pero si el congelamiento de combustibles se prorrogara hasta fin de año y siempre que no haya nuevos incrementos del tipo de cambio, de los biocombustibles o del barril de petróleo, la compensación fiscal equivaldría a unos $150.000 millones, un 1,21% del PBI. Esto pondría en riesgo la nueva meta del déficit de 2,7%, que se vería deteriorada casi en un 50%.

A su vez, el nuevo nivel del crudo a nivel internacional y la reciente devaluación encarecerán los subsidios aún vigentes en el conjunto del sistema energético y elevará la necesidad presupuestaria tanto de Cammesa como Enarsa, que mantienen contratos en dólares con las transportistas, distribuidoras y generadoras de energía y tendrán que pedirle al Tesoro más pesos para comprar la misma cantidad de electricidad o gas.

Teniendo previsto en el presupuesto un tipo de cambio promedio de $19,30 para el 2018, las recientes variaciones harán que el Ministerio de Energía tenga que rehacer todas las cuentas para calcular sus erogaciones.