Los jueces de la Corte Suprema de Tucumán que revocaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y ordenaron que se proclame como el gobernador electo a Juan Manzur, desestimaron en sus fundamentos que el clientelismo pueda ser utilizado como causa para anular una elección, polémica adelantada por LPO, aunque exigieron medidas para combatir ese “flagelo”.

El fallo conocido esta madrugada tiene los votos de los vocales titulares de la Corte provincial René Goane y Daniel Posse, y de los camaristas civiles Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas, en reemplazo de los tres integrantes del máximo tribunal que se apartaron. Aunque los argumentos para revocar el fallo de la Cámara son más amplios, uno de los temas centrales fue el clientelismo.

Goane sostiene en el fundamento de su voto que “la sola existencia” de irregularidades como la entrega de bolsones de comida “se traduce sin más en la falta de libertad genuina” del votante. “Del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes, al ingresar solos al cuarto oscuro, quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña”, afirma el juez, que aclara que no hay que “negar ni relativizar” la gravedad de estos hechos.

“Los motivos que llevan a un elector a votar en tal o cual sentido son de la más variada índole (política, afectiva, económica, religiosa, etc), y podrá compartírselos o no, pero ello no autoriza a ninguna autoridad estatal a inmiscuirse en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano, pues en tal caso se corre el riesgo de que termine sustituyéndose la voluntad de la persona por la del juzgador”, agrega Goane.

No obstante, el vocal titular de la Corte recomienda al gobierno tucumano que “adopte todas las medidas necesarias para combatir efectivamente el flagelo del clientelismo político”. Goane recuerda que la Cámara Nacional Electoral ha recomendado “contar con normas específicas que tipifiquen las prácticas clientelares, especialmente aquellas orientadas a la ‘compra de votos’”, y se contemplen sanciones.

Tras mencionar todas las conductas tipificadas en el Código Electoral, Goane indica que “sin embargo, la proliferación de prácticas irregulares (…) constituye un indicio claro de la necesidad de propiciar modificaciones al sistema electoral imperante, en pos de asegurar, de una manera más efectiva, la preservación de los esenciales valores democráticos”.

Por su parte, en su voto conjunto, Daniel Posse y Raúl Bejas expresan su “absoluto repudio” a las prácticas clientelares, y llaman a perseguir y someter a proceso penal a sus “autores mediatos e inmediatos”. Sin embargo, sostienen que no se ha “cuantificado en términos de incidencia real y concreta sobre el resultado electoral”, por lo que no puede ser utilizado “como argumento para anular la totalidad de las voluntades expresadas por los sufragantes”.

“El Código Electoral Nacional contiene previsiones tendientes a preservar la autonomía y libertad del elector y entre ellas se destaca la de emisión del voto en el cuarto oscuro, donde el ciudadano puede emitirlo en la intimidad de su conciencia y mediando las consideraciones ya sean personales, familiares, políticas o de cualquier otra índole que cada persona en su más íntima libertad, considere convenientes para elegir su representación política”, argumentan.

“El elector es soberano en ese acto que es el momento original y fundante de la democracia, sin que ninguna organización, estructura social, política o de gobierno pueda juzgar de forma valiosa o disvaliosa el voto que voluntariamente ha emitido ni las razones que ha tenido para hacerlo en uno u otro sentido”, continúan Posse y Bejas.

En el caso particular que estudian, Posse y Bejas afirman que en la sentencia de la Cámara “no surge ninguna (práctica clientelar) acreditada de manera fehaciente que permita al tribunal afirmar que se ha probado la afectación de la conciencia y libertad de los electores como para justificar sin más la ilegitimidad del sufragio”.

En el caso de Carlos Ibáñez, que adhiere al voto de Goane, opina que las prácticas clientelares “desvirtúan el acto electoral”, pero no implican “que el elector no vote libremente en el cuarto oscuro, dado el carácter secreto del voto”. “No se trata de un voto automático”, sostiene el camarista, poniendo como ejemplo las diferencias entre los resultados de la elección del 23 de agosto y las PASO de dos semanas antes.

“Está claro que el ciudadano vota libremente conforme a sus intereses”, continúa Ibáñez. “No puede sostenerse que un sector de la población, como aquél que ha sido objeto de las prácticas clientelares, tiene un voto que está viciado en su conciencia y libertad (…) y que en razón de ello debe anularse el acto electoral, privando de validez a la voluntad de los ciudadanos”, completa.

Por su parte, Benjamín Moisá no discute los argumentos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ya que sostiene que no tenía competencia para anular el comicio. Pero hace suyos los fundamentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal, en cuyo dictamen se sostiene que el clientelismo no implica una “mengua en la libertad del votante”.

Fuente: La Politica Online