Un fallo de la Cámara penal de la Ciudad dejó abierta la posibilidad de que los jueces porteños intervengan en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, en los que actualmente actúa el fuero federal.

Se trata de un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que declaró la competencia de los tribunales porteños para entender en el juzgamiento de causas en las que se investigue el delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal, conocido como “grooming”, el cual reprime “a quien por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

En la sentencia firmada por los jueces Marcelo Vázquez y Silvina Manes se declaró la nulidad de una resolución dictada en primera instancia por la jueza Gabriela Zangaro, en la cual declinó la competencia local para entender en una causa en la cual se investiga a un hombre por distribuir y publicar en Internet imágenes pornográficas de menores y por contactarse con niños y niñas a través de Facebook, por medio de una identidad falsa, para intercambiar fotos, videos y conversaciones con fines sexuales. En la resolución de primera instancia, la magistrada sostuvo que si bien la Ciudad de Buenos Aires resulta competente para entender en hechos tipificados en el artículo 128, el juzgamiento de aquellos descriptos en el 131 resultaría de la competencia de la justicia nacional ordinaria, y al contar esta última con “una competencia más amplia”, debía entender en ambos hechos.

Para declarar la competencia local, los camaristas sostuvieron en primer lugar, que “la declinación resulta prematura”, pues aún “no se ha llevado adelante ninguna medida probatoria tendiente a acreditar mínimamente los hechos denunciados”. Tras afirmar que “desde las diversas perspectivas interpretativas mediante las que se abordan en esta jurisdicción cuestiones de competencia como la aquí suscitada, la conclusión conduce a que los hechos en cuestión deben ser investigados y, eventualmente, juzgados por esta justicia”, los miembros de la Sala I expusieron una serie de argumentos para fundamentar su resolución.

El silencio de la Legislatura

Los jueces Vázquez y Manes mencionaron “dos decisiones adoptadas por el Congreso de la Nación que refuerzan el criterio asumido oportunamente por el TSJ”: la Ley Nacional 26.735 del año 2011, que tipificó como “nuevo delito la evasión de tributos locales, le asignó competencia a las jurisdicciones provinciales y de la ciudad, sin necesidad de aceptación expresa de las legislaturas locales”; y la Ley Nacional 26.702, también de 2011, mediante la cual “el Congreso Nacional transfirió a esta Ciudad la competencia para investigar y juzgar una importante cantidad de delitos de carácter no federal (‘complementarios de los ya transferidos’, ‘contra la administración pública local’, ‘contra la fe pública’ y demás delitos vinculados a materia de competencia pública local) y de todos los que en el futuro fueran a crearse”.

Sobre esta última ley, los camaristas analizaron “el silencio de la Legislatura” para aceptar las competencias transferidas por el Congreso. Es decir que los jueces dicen que la transferencia de competencias que aprobó el Congreso en 2011 está tácitamente aceptada por el silencio de cuatro años del parlamento porteño.

“A esta altura podría interpretarse como una aceptación tácita, en función del tiempo transcurrido, y fundamentalmente, porque no existe -en el marco del sistema federal de gobierno y del proceso de autonomía en particular, sumado al mandato expreso del art. 6 de la Constitución local- margen ni posibilidad alguna de rechazar la transferencia dispuesta”, afirmaron en el fallo.

Fuentes de la Justicia porteña admitieron a LPO que este fallo puede ser utilizado por los fiscales para llevar la investigación contra funcionarios porteños a la Justicia local. Esto podría significar que los jueces porteños y los fiscales, entiendan en casos de corrupción, ya que la ley del Congreso aprobada en 2011 transfiere los delitos contra la administración pública.

“Es un fallo muy político”, señalaron a LPO las fuentes y aclararon que “si la Legislatura no aceptó en 4 años las transferencias, las transferencias ya son nuestras y el traspaso de fondos no puede ser excusa, ya que se paga por el servicio prestado y no por adelantado”.

Fuente: La Politica Online