Durante casi seis años, $6 mil millones de la Jefatura de Gabinete fluyeron desde la oficina de pagos de la AFA en Viamonte 1366 hacia las arcas de clubes en todo el país en forma de cheques. Esos cheques en algún lado debían terminar.

La minuciosa investigación que llevan adelante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Eduardo Taiano con los veedores Alberto Piotti, Alicia López y Horacio della Rocca había encontrado en enero de este año más de $50 millones en notas de pago sospechosas como primer paso. Saber dónde terminaron esos cheques se volvió una preocupación elemental. La primera teoría fue algo obvia: cuevas financieras. Con el tiempo, se descubrió que la verdad era algo menos previsible.

Los cheques a pago diferido, sospecha la Justicia, terminaron en cooperativas, con un marco impositivo y jurídico mucho más relajado. Amigal Limitada, de casi treinta años en la City, fue el primer gran nombre en surgir, revelado por Clarín e integrado entre otros por Jorge Galitis, ex dirigente de Huracán. Para operar con una cooperativa, hay que ser socio de ella: Luis Segura está en la lista, así como José Luis Meiszner, con prisión domiciliaria a raíz del FIFA gate.

Amigal se presentó por sí sola en el Juzgado Federal N° 1: entregó constancias de operaciones desde 2009 a 2015, los casi seis años del Fútbol para Todos. Había operaciones de clubes como Huracán, All Boys, Quilmes, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Racing, River e Independiente. Pero Amigal, sin embargo, era solo la punta del iceberg.

En una resolución firmada a mediados de la semana pasada a la que accedió Infobae, Servini de Cubría pidió información sobre más de 230 firmas con oficios librados al INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que regula las cooperativas, a la UIF y a la Inspección General de Justicia. La magistrada y su equipo buscarán registros comerciales, composiciones societarias y reportes de operaciones sospechosas. Servini también hizo un pedido formal de datos a Federico Sturzenneger, presidente del Banco Central. En el esquema, pesa también una presentación hecha en la causa del Juzgado Federal N° 1 por Elisa Carrió. La lista completa de firmas, por otra parte, es sorprendente. No lleva a la City porteña, sino campo adentro. El alto porcentaje de las empresas son cerealeras y ganaderas de todo el país.

Cabaña Agropecuaria del Zonda SA es una de las primeras en ser mencionadas. Con domicilio fiscal en la zona de Martín Coronado y la venta y producción de cereales como fin declarado, no es la primera vez que tiene problemas con la Justicia Federal. En mayo de 2012, sus directivos Pablo Sette y Adolfo Bus fueron imputados en la investigación del programa Sueños Compartidos, con los hermanos Schoklender y las madres de Plaza de Mayo en la mira. Otra firma en la lista de Servini, Agropecuaria Monte León SA, tuvo el mismo problema. Según datos del expediente del juez Oyarbide, estas dos empresas se habrían utilizado entre febrero de 2009 y septiembre 2011 para desviar fondos públicos desde una cuenta del Banco Provincia que pertenecía a la Fundación. La primera empresa recibió $44 millones y la segunda otros $23 millones.

También hay mutuales, como la Asociación Mutual del Partido de la Costa, o sociedades de bolsa como Nasini, un reconocido nombre en el mercado de valores de Rosario, registrado como agente de negociación y liquidación con un certificado de idoneidad de la CNV. Furlong-Fox, una de las mayores agencias de viajes corporativos del país, figura en el pedido. Al final de la lista, hay un nombre que cualquiera que haya comerciado con vacas puede reconocer: Sáenz Valiente, Bullrich y Cía., quizá la mayor consignataria de ganado de la Argentina.

La pregunta es evidente: ¿por qué jugar con el campo? ¿Por qué dejar un cheque del Fútbol para Todos en manos de un patrón de estancia y no de un “cuevero” para un beneficio presuntamente ilícito? Un eximio conocedor de los mecanismos financieros de la City y el agro traza una hipótesis: “El campo tiene liquidez. Un productor vende la cosecha, vende un camión de vacas y tiene plata. Un club tiene un cheque diferido de la AFA, que no es un cheque volador, que tiene pago asegurado, pero que paga a 30, 90 días. El cheque, supongamos, vale $100. La cooperativa del campo puede comprarlo a $90 y esperar a cobrarlo. Mientras se hace una diferencia. Después lo anota a $100, total, nadie fiscaliza”.