De acuerdo con las cifras oficiales, citadas en el fallo, tan sólo el 19 por ciento de los 64 mil presos a nivel nacional trabaja una jornada normal de 40 horas semanales. Se trata de un total de 11.620 personas. El 81 por ciento restante se divide entre quienes trabajan menor cantidad de horas (el 22 por ciento trabaja entre 10 y 30 horas semanales) y quienes no tienen posibilidad de acceso a un trabajo pago (59 por ciento del total: 36.478 presos). Así, ocho de cada diez presos no gozan de los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Carta Magna. En su gran mayoría por falta de oferta laboral.

Justamente, la no aplicación de aquellos derechos fue lo que motivó que el ciudadano ucraniano –detenido– Yuriy Tiberiyevich Repich, en representación de los internos alojados en la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, hiciera un planteamiento ante la Defensa Pública Oficial. “Presentó un hábeas corpus correctivo colectivo exigiendo la percepción de las horas no trabajadas por causas justificadas, como enfermedades o accidentes, estudios, visitas familiares o comparendos judiciales. En contraposición, las autoridades penitenciarias rechazaban la aplicación de la normativa laboral intramuros, y en especial la vigencia de un régimen de licencias”, informó la Procuración Penitenciaria de la Nación en su página web. La Cámara de Casación Penal revirtió dos fallos previos que les habían dado la espalda a los presidiarios: la adoptada por la Justicia Federal de Lomas de Zamora que fue confirmada luego por la Cámara Federal de La Plata. La controversia se instaló inmediatamente en los medios.

“Si no queremos que los presos estudien y trabajen, entonces ¿qué queremos hacer con ellos? Si hoy sabemos que salen de la prisión peor de lo que entran, que los contaminamos con lo peor de nuestra sociedad, si sabemos que las cárceles agravan el problema y eso nos asusta, cuando hay acciones positivas, ¿nos horrorizamos?”, se preguntó Leandro Halperin, especialista en sistema carcelario y docente universitario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Halperin conoce el funcionamiento de los penales del país: fue director del programa Educación en Cárceles de la UBA. En diálogo con este diario, explicó: “Este tema se presentó mal, de forma falsa (en la mayoría de los medios): como que todos los presos cobraban 4.400 pesos por estar detenidos. El trabajo es un derecho y la retribución justa también. Cualquier trabajador tiene derecho a que se le pague el salario mínimo vital y móvil como mínimo. Por debajo de eso es ilegal”.

La Ley de Ejecución de la Pena establece en su artículo 121 cómo debe dividirse el salario de un trabajador en situación de reclusión.

“Deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil (manutención de la familia del preso); 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento (comida y alojamiento); y 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida”.

“Ese 30 por ciento que le queda a la persona detenida equivaldría, aproximadamente, a 1.300 pesos. Pero de ese total, la mitad se destina a un fondo para cuando recupere su libertad. Por lo que le queda un 15 por ciento para usar en gastos comunes: comprar cigarrillos y comida, por ejemplo. Esto se hace con ‘vales’ porque no pueden manejar dinero”. El 15 por ciento que destina a un fondo para cuando el reo recupere su libertad es administrado por el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal.