El Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, informó que el Gobierno de la Provincia será querellante en la causa que se le sigue a Milagro Sala en por supuesto fraude y asociación ilícita, con la intención de controlar las pruebas que involucran tanto a la imputada como a cooperativistas de la Tupac Amaru.

Sobre el petitorio realizado ante el Juez de control, el Fiscal indicó que el Gobierno provincial se constituyó como “querellante adhesivo dentro del proceso penal, en el marco de las denuncias de defraudación al Estado y asociación ilícita, a los efectos de poder controlar las pruebas que se están rindiendo y aportar nuevos elementos”.

Uno de los principales objetivos al participar en el proceso penal contra la Organización Tupac Amaru es llegar a conocer cuál fue el destino de los 29 millones de pesos que debían ser utilizados para el programa “Mejor Vivir”.

En este sentido, Miranda aseguró: “Van a ser contundentes las medidas probatorias para poder comprobar y demostrar cuál fue el destino de esos fondos, ya que tenemos una estimación de que el dinero faltante fue a parar a la Tupac Amaru. De hecho, para el cobro de caudales que eran superiores a 50 mil pesos se utilizó una cooperativa vinculada directamente a la organización social y que tiene domicilio, casualmente, en calle Alvear 1152. Por este motivo, hemos pedido la ampliación de la denuncia a los integrantes de esa cooperativa”.

De igual manera, y a través de la Fiscalía Anticorrupción, se están realizando distintas auditorias para verificar si existe alguna irregularidad, faltante de fondos o programa que haya sido pagado y no se haya ejecutado. De encontrarse alguna anomalía en el debido tratamiento de los fondos públicos, “se harán las presentaciones correspondientes, todo ello en defensa del interés de la comunidad”, anticipó el Fiscal Miranda.

En cuanto a la evolución de la causa contra Milagro Sala, el funcionario provincial aseguró que la misma se está realizando dentro del proceso que compete a un Estado de Derecho y que se continuará “haciendo lugar a distintas medidas probatorias que se han solicitado desde el Gobierno Provincial y otras de oficio, tendientes a esclarecer y a acreditar los hechos delictivos denunciados”.