En el marco de una Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la que se abordaron en profundidad diferentes temas tales como el cambio climático, residuos y tierras indígenas, las autoridades ambientales del país se manifestaron en contra de la caza ilegal, el tráfico y el mascotismo de fauna silvestre, a través de un pronunciamiento contundente.

El COFEMA, que nuclea la participación de los referentes ambientales de las jurisdicciones provinciales, sesionó de manera extraordinaria en Buenos Aires para discutir diversos temas que hacen a la realidad y a la política ambiental nacional.

En ese contexto fue que, por iniciativa de la provincia de Misiones, las autoridades ambientales se expresaron de manera unánime y determinante a favor de la preservación de la biodiversidad, y en contra de la caza furtiva e ilegal, el mascotismo de fauna nativa, y el tráfico de especies.

La medida tuvo como punto de partida la condena expresa al asesinato de un ejemplar de yaguareté en Misiones, pero también la consideración de distintas situaciones de caza furtiva que se conocieron en la misma provincia y en otras jurisdicciones.

“En el caso concreto de Jujuy existe la problemática de la caza furtiva de vicuñas, lo que representa una gran preocupación gubernamental”, explicó la ministra de ambiente jujeña, María Inés Zigarán.

La funcionaria, que además ocupa la presidencia del COFEMA, relató que es prioritario velar por la protección de la biodiversidad y condenar y penalizar de manera ejemplificadora tanto la caza como el tráfico de especies de fauna nativa.

“En el COFEMA acordamos –agregó- la necesidad de que haya una política pública fuerte de protección de la biodiversidad y de lucha contra la caza ilegal a través del esfuerzo articulado entre las áreas de Ambiente, las fuerzas de seguridad y la justicia, que son los organismos que deben dar señales claras de que tanto el tráfico de fauna como la caza y la matanza de animales deben ser conductas severamente sancionadas, y reprochadas en procesos ejemplificadores”.

Prórroga de la Ley 26.160

También en el marco de la Asamblea Extraordinaria del COFEMA se aprobó una Declaración expresando el beneplácito por la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia en materia de tierras indígenas, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral. Lo que promovería que las distintas jurisdicciones provinciales puedan avanzar en la regularización dominial de las tierras de las comunidades.

“Muchos de los conflictos socio ambientales están en territorio indígena y a veces se mezcla en la discusión ambiental, la cuestión dominial. Para COFEMA es muy importante que las provincias puedan definir la situación territorial de las comunidades indígenas, en este sentido”, sostuvo Zigarán.

Participaron de esta Declaración, la directora de pueblos originarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Margarita Abapillo, y por el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, que preside Félix Díaz, Ariel Araujo, secretario ejecutivo, y Jorge Palomo, vicepresidente.

Por otro lado, a propósito del pedido de los representantes de este consejo que solicitaron al COFEMA la posibilidad de participar de procesos de dialogo y articulación que les permita ejercer sus derechos de manera activa, Zigarán sostuvo: “el COFEMA es un organismo que ha venido expresando su apoyo a los pueblos indígenas a través de diferentes declaraciones, porque tenemos la vocación de mantener un dialogo con los distintos espacios que representan a las comunidades y de incorporar la interculturalidad en la política ambiental nacional”.

Régimen penal para delitos forestales

Finalmente, en el seno de la Asamblea Extraordinaria del COFEMA, en la que estaba prevista la presencia de la diputada nacional por Jujuy, Gabriela Burgos, quien por cuestiones de agenda no pudo participar, la ministra jujeña hizo propias las declaraciones de la legisladora respecto al tratamiento del proyecto de régimen penal para delitos forestales.

Zigarán explicó que “de ninguna manera la diputada en su calidad de presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados tuvo nunca intención de obstaculizar el debate, menos de cajonear un expediente como se intentó instalar”.

“La vocación de la diputada –concluyó- siempre ha sido fomentar espacios de debate junto a todos los sectores involucrados; por eso presentó un escrito en el que pone los dos proyectos a consideración de las comisiones de bosques y de asuntos jurídicos del COFEMA”.