El ajuste en la universidad pública y la complicación de la paritaria docente le traen un nuevo foco de conflicto al Gobierno, que no logró apagar el incendio con el anuncio de una partida extra de 500 millones para que los rectores enfrenten los tarifazos.

Ya comenzaron las tomas en las universidades y el jueves habrá una movilización de todo el sector de la educación superior. Esto es un logro de Mauricio Macri: no es tarea sencilla juntar a los enemistados gremios docentes, algunos de ultra izquierda y otros peronistas votantes del kirchnerismo.

La paritaria está estancada. Luego de unas primeras reuniones en las que ni siquiera estuvo presente el ministro Esteban Bullrich, la última oferta recibida fue de un aumento del 31,6 por ciento repartido en tres cuotas: 15 en mayo, 5 en octubre y 11 en diciembre.

Los gremios rechazaron el ofrecimiento y ahora especulan con la demostración de fuerza que harán el jueves. Desde la cartera de Educación se comunicaron con los sindicatos para reunirse mañana, pero esta vez los docentes se hacen esperar, pícaros, para ver el efecto político de la marcha al Palacio Pizzurno.

Los gremios, en rigor, ni en eso se ponen de acuerdo. El sector más radicalizado, nucleado en la Conadu Histórica, busca marchar de Plaza Houssay a Plaza de Mayo, mientras los sectores más moderados concentrarán como todos en Facultad de Medicina pero irán a protestar en la puerta de la oficina de Bullrich, en Pizzurno.

La marcha del jueves tendrá respaldo de la FUBA (federación de estudiantes en manos de la izquierda) y de los trabajadores no docentes, que arrancan su propia paritaria en los próximos días y ya quieren mostrar los dientes.

Hoy tomaron la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el marco de los paros y protestas que llevan adelante docentes de casi todas las universidades públicas por una mejora salarial y de presupuesto.

Macri buscó aliviar las arcas de las casas de altos estudios la semana pasada, cuando anunció un giro de 500 millones para que las autoridades puedan pagar la luz, pidiéndoles, a su vez, que se comprometen a reducir el consumo de energía.

Los docentes aseguran que ese número es irrisorio, ya que representa el 1% del presupuesto universitario y está en el orden del 5% de los gastos extra salariales.

“Lo que está en juego es la discusión de si la universidad va a seguir siendo un derecho, o hay posibilidades de que se busque su arancelamiento”, dijo el secretario de prensa de Conadu, Federico Montero.

“El derecho a la educación superior no es un derecho sólo de los pibes. Es también del conjunto del pueblo argentino de tener una universidad pública que investigue y ayude al desarrollo del país”, siguió Montero.

El reclamo incluye también la restitución de los programas de inclusión como las becas, que fueron podadas por la nueva administración y por lo que, aseguran en los gremios, se va a notar en septiembre una baja en la matrículas de las universidades.

En tanto, anoche el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras resolvió la toma de la facultad con clases públicas por 24hs y un masivo corte en Rivadavia y Puán.

El presidente de la FUBA, Julián Asiner, señaló: “Los anuncios del 1% de aumento presupuestario sólo conformaron a las autoridades que ejecutan el ajuste en la Universidad, sean kirchneristas, radicales o del Pro, no a los docentes, no docentes y estudiantes, que sufren salarios de miseria y condiciones de cursada insostenibles”.

Fuente: La Politica Online