En la Cámara de Diputados quieren que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dé explicaciones sobre el escándalo de la importación de gas de Chile, que como reveló LPO fue comprado en forma directa y con un precio 128% más caro que el que el país le compra a Bolivia.

La diputada massista Liliana Schwindt, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, presentará mañana un proyecto de resolución para que Aranguren informe sobre los contratos que Enarsa haya firmado para la importación de gas desde Chile, una operación que empezó a concretarse ayer.

Uno de los puntos del proyecto solicita al Ministerio de Energía que detalle el precio de compra del gas que se esté importando desde Bolivia, Chile o través de las plantas regasificadoras ubicadas en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, que llega al país a través de barcos. Exige también que se explicite las empresas a las que se le compra.

Es que según la documentación revelada por LPO, Chile fijó un precio de 6,90 dólares por millón de BTU, lo que resulta un 128% más caro que los 3,02 dólares por MBTU que Argentina paga por el gas boliviano y un 53% más alto que el promedio de 4,50 dólares por MBTU que se paga por el gas que llega por barcos a Bahía Blanca y Escobar.

Es por eso que en sus fundamentos, la diputada Schwindt remarca que el ministro Aranguren “no ha informado públicamente sobre la importación de gas proveniente de la República vecina de Chile, ni tampoco sobre las razones técnicas por las cuales tomo esta decisión”.

Hasta ahora, los funcionarios del área argumentaron que no quedaba otra salida que traer gas desde Chile porque Bolivia no está en condiciones técnicas de aumentar sus envíos y las terminales regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar no pueden recibir más barcos de los que ya están agendados para los próximos meses. Agregan que con ese gas se reemplaza el gasoil para la generación eléctrica, que es más caro.

Ahora deberán aportarle información a los diputados sobre los números de precios y volúmenes de gas que esgrimieron para justificar la compra directa a Chile.

Además, el Gobierno argentino accedió a pagar por adelantado el gas que llegará de Chile en los próximos tres meses, algo que no sucede con los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega. Esto sin contar que Aranguren aceptó ceder la soberanía judicial ante cualquier litigio y firmar una cláusula de confidencialidad para que no trasciendan estos escandalosos detalles.

Otro de los puntos del proyecto de Schwindt pide a Aranguren que revele si existen cláusulas de confidencialidad en los distintos contratos de importación de energía, y que en todo caso justifique la reserva de esos datos. Hay que recordar que en el caso de YPF-Chevron, la Corte Suprema estableció que este tipo de información tiene que ser pública.

Fuente: La Politica Online