La violenta irrupción de un grupo de patovicas en la redacción de Tiempo Argentino fue apenas un capítulo más de las agresiones que recibieron los trabajadores del diario y Radio América en los últimos seis meses, víctimas del vaciamiento del Grupo 23 hasta el año pasado propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel y ahora presuntamente en manos de Mariano Martínez Rojas, un misterioso “comprador” que hoy comandó la patota.

A la deriva en que quedaron Tiempo Argentino y Radio América por el vaciamiento de empresarios que recibieron cientos de millones de pauta oficial durante el kirchnerismo, se suma cierta inacción de parte de los distintos estamentos del Gobierno que debieron intervenir en los dos conflictos, el Ministerio de Trabajo y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Fuentes del organismo consultadas por LPO argumentaron que todavía no tienen ningún motivo legal para declarar la caducidad de licencia de radio América. El motivo principal es que la emisora sigue trasmitiendo y mientras eso suceda no se puede intervenir. Semanas atrás, Martínez Rojas y su patota tomaron la planta transmisora y sacaron del aire a la emisora, pero los trabajadores continúan trasmitiendo.

Desde Enacom explicaron que además la intervención es riesgosa porque el Gobierno no podría hacerse cargo de los trabajadores de la radio, que quedarían definitivamente en la calle. De hecho, en algún momento de las negociaciones desde el sector de los trabajadores pidieron a las autoridades de Enacom que frenen cualquier avance mientras hubiera negociación con Martínez Rojas. Pero el autodenominado dueño incumplió una y otra vez.

Desde el organismo que regula las comunicaciones indicaron también que exigieron a Martínez Rojas que presente la documentación que lo acredita como dueño. El correntino presentó el 90% de los papeles que demuestran que su sociedad es dueña de la radio. Pero nunca presentó los que avalan el origen de los fondos con el que compró la emisora. En el Gobierno creen que no va a poder demostrar el origen de esos fondos y terminará perdiendo la licencia.

Pero el problema en ese caso sigue siendo el mismo: el destino de los trabajadores que quedarían en la calle, ya que no habría nadie ni siquiera para hacerse cargo de las indemnizaciones y desde el Gobierno sostiene que no puede hacerse cargo.

En el caso de Tiempo Argentino, desde la Casa Rosada indicaron a este medio que no tienen ninguna figura por la cual intervenir en el conflicto ya que se trata de una empresa privada y ahora una cooperativa.

Pero los trabajadores aclaran que obviamente se trata de un conflicto gremial y exigen que el Ministerio de Trabajo intervenga como ante cualquier otro conflicto de esa índole. Por empezar, piden que Martínez Rojas cumpla con alguno de los compromisos que asumió frente a esa cartera.

“Durante estos meses ni siquiera le aplicaron multas a Martínez Rojas. Incumplió enésimos acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo y no le aplicaron ninguna multa”, afirmó a LPO uno de los delegados de Tiempo Argentino. La única solución que consiguieron fue que el Ministerio les otorgó la custodia de los bienes de la radio y el diario, los que hoy destrozó la patota de Martínez Rojas.

Hoy, después de la irrupción de la patota en el diario, los trabajadores fueron citados desde el ministerio pero no fueron recibidos por ninguna de las autoridades. “Nos atendió un director en la sede de Callao, funcionarios de ese nivel nos atendieron un montón de veces”, contó uno de los delegados. “Llegamos a reunirnos con Ezequiel Sabor, nos dijo que iba a conformar una mesa con distintos sectores y nunca se hizo”, recordó.

“Hoy, después de lo que pasó, nos atiende un funcionario y nos ofrece una línea de subsidios para la cooperativa de tiempo. Nosotros queremos una solución política. Y lo primero que reclamamos es que nos garanticen la seguridad para nosotros en el diario”, comentó el delegado, que agregó que se firmó un acta donde piden una audiencia con Jorge Triaca.

Además de comprometerse a pagar los salarios, Martínez Rojas también prometió regularizar la situación de los trabajadores ante la AFIP, pero también incumplió. El supuesto dueño en todo momento apostó a conseguir que la Rosada le pague una deuda por pauta que heredó la gestión anterior. La sospecha de todos es que no tiene previsto usarla para pagar los sueldos.

Los incidentes

Uno de los reclamos de los trabajadores del diario y la radio tras los incidentes de esta madrugada fue por la inacción -o complicidad- de la Policía Federal, que primero impidió que ingresaran cuando los patovicas estaban adentro destruyendo el lugar y luego los protegió cuando la fiscal ordenó que se retiren.

Desde el gobierno porteño indicaron que la PFA impidió que los trabajadores ingresen porque la llamada al 911 la hicieron desde adentro, lo que habían irrumpido a los golpes. En concreto, denunciaron que un grupo de personas quería entrar por la fuerza. Cuando la fiscal Verónica Andrade llegó al lugar efectivamente vio eso y trató un par de horas en dilucidar la situación. Recién ahí ordenó sacar a los patovicas, aunque no los detuvieron y hasta fueron protegidos por los policías. “Trataron de evitar más incidentes”, explicaron.

De acuerdo al acta policial a la que accedió este medio, quien explicó la situación a la PFA fue Martínez Rojas y a partir de la información que les proveyó el supuesto dueño, la fiscal ordenó que no se permita el ingreso de nadie al lugar y que a los ocupantes solo se los identifique en el caso de salir.

Recién cuando empezaron a llegar más trabajadores, la PFA dio aviso a la fiscal porque la situación se les iba de las manos. Recién ahí se reunieron con el presidente de la cooperativa y quedó claro que los trabajadores tienen la posesión del edificio. La fiscal dispuso entonces identificar a los ocupantes y obligarlos a presentarse en sede judicial en las próximas 48 horas. Según el acta policial, los ocupantes fueron “agredidos por algunos trabajadores” y los efectivos intentaron “en todo momento las agresiones y confrontación”.

Al mediodía, la fiscal Andrade imputó a Martínez Rojas y sus patovicas por los delitos de usurpación y daños.

Martínez Rojas aseguró que tenía la autorización de la policía para ingresar con la patota. “Cerca de las 12.30 de la noche, hice parar a un patrullero de la Policía Federal, le dije que mi llave no andaba y que iba a entrar a mi empresa. Me pidieron documentación para saber si era real. Ellos me autorizaron a entrar e ingresaron conmigo”, relató el empresario a Perfil aunque dijo que “no tengo copia del acta labrada”, según él, por la Comisaria 31 de la Ciudad de Buenos Aires. “Ellos tienen el acta. Notificaron todo y me dieron el OK”, indicó Rojas.