Como en los últimos años del kirchnerismo, San Luis volvió a plantarse contra el Gobierno nacional. Reclama una deuda, pide obras y empezó a retacear apoyo en el Congreso, donde este semestre lo ayudaron en las leyes enviadas por Mauricio Macri.

La comparación con Néstor y Cristina no es caprichosa: tras reunirse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, dijo que nada cambió con Macri para San Luis. Por si faltaba un gesto, no asistió a la celebración del bicentenario del 9 de julio en Tucumán.

Su hermano Adolfo, también presente en la reunión con el ministro del Interior, empezó a dar señales del malestar en el Senado, donde se sumó a la movida del peronismo para anular tarifas de gas.

Los Rodríguez Saá suman su malestar a un peronismo en proceso de unidad, que ya no parece tan manso a la hora d evotar las leyes que necesita el gobierno de Macri.

Los Rodríguez Saá suman dos senadores (la otra es la histórica Liliana Negre de Alonso) y 3 diputados (Luis Luisquiños, Berta Arenas e Ivana Bianchi).

Y antes de cada votación, chequean las cuentas pendientes entre la Provincia y la Casa Rosada. De hecho, durante el kirchnerismo Adolfo solía votar en contra del Presupuesto en el Senado y sus diputados levantaban la mano a cambio de obras públicas.

Sin mayoría propia y con el peronismo cada vez más unido, tarde o temprano Macri los necesitará.

El senador Adolfo Rodríguez Saá.

Nada cambió, porque para los hermanos gobernantes Macri no cumplió sus promesas de giros de fondos y ni siquiera su sueño de ampliar la Corte y sumar a la senadora Liliana Negre de Alonso al máximo tribunal.

Pero la pelea real es por la coparticipación. Si bien a San Luis le creció un 15% por el fallo de la Corte en noviembre, la misma sentencia obliga al Gobierno a devolverles a los puntanos, Córdoba y Santa Fe una deuda por no haber girado ese porcentaje en los últimos 10 años.

En San Luis dicen que ese pasivo acumula 12 mil millones de pesos y la Nación lo calcula en 9 mil millones, pero igual no la paga. Además, en la Corte Suprema hay 15 juicios pendientes por reclamos de la provincia, una amenaza del máximo tribunal a Macri. Algunos son por la expropiación de Sierra de las Quijadas y de una parte del Corredor Vial.

Los Rodríguez Saá estiman que la Nación les debe 12 mil millones por coparticipación y en la Casa Rosada bajan la deuda a 9 mil millones, pero igual no la pagan.

El gobernador Alberto le dejó claro a Frigerio que estaba enojado. No soporta que desde su cartera se informen a los medios giros de fondos que nunca se hicieron o, lo que es peor, que se festeje ejecución de obras públicas que son provinciales, como el Parque La Pedrera.

“Estamos dolidos y discriminados. En este caso, peor que antes. Lo quiero aclarar a la opinión pública de San Luis porque alguien puede pensar que estamos mejor que antes. No es cierto. Estamos incómodos porque llevamos mucho tiempo y el Gobierno se comprometió a darnos un trato excelente y no es así”, dijo el gobernador, en un diálogo con periodistas de San Luis.

Otra bronca es porque la Provincia fue excluida del “Plan Nacional de Agua”. “Nosotros pusimos cloacas con nuestra plata y ahora queremos el acueducto del este. No nos pueden dejar afuera”, protestan los operadores puntanos. Alberto le llevó el plan a Frigerio, pero no lo tomaron en cuenta.

Como explicó LPO, la obsesión de Macri es solucionar todos los problemas pluviales y de saneamiento y bajó la orden de restringir el presupuesto a esas obras. Quien ya las hizo como San Luis, no puede pedir otras en compensación, porque no hay plata.

“No nos sumaron al plan Belgrano y menos nos escuchan cuando pedimos obras atrasadas. Volvemos a estar discriminados”, repiten los puntanos. Ya empezarán a mostrar su bronca con votos.