El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, emitirá en los próximos días 250 millones de dólares, con asesoramiento de dos desterrados del kirchnerismo: Juan Carlos Fábrega y Silvana Batakis.

Ambos tienen un pasado común: fueron empleados de organismos públicos y reclutados como funcionarios. Con un nuevo Gobierno no tienen más opción que volver a trabajar en el llano, aunque aprovechando sus contactos de primera línea.

Fábrega es un directivo del Banco Nación, fue consejero predilecto de Néstor Kirchner, Cristina lo ubicó al frente de esa entidad y luego del Banco Central, donde se fue a los pocos meses por sus diferencias de Axel Kicillof.

Batakis era una reconocida técnica del Ministerio de Economía de la Provincia, donde Daniel Scioli valoró su pragmatismo y le encargó la dura tarea de revisar sus alicaídos balances. La imaginaba haciendo el ajuste que Macri le encargó a todo su gabinete.

Tras la derrota del peronismo, Fábrega no se quedó quieto. Participó del lote de economistas que promovió el acuerdo con los holdouts en el Congreso, donde se presentaba como “asesor” del Gobierno.

Nadie sabía bien qué hacía hasta que comenzaron a verlo pulular por las provincias, con la misión de aprovechar la vuelta a los mercados y sus contactos con banqueros, encargados de colocar la deuda.

“Hablas con la línea que fundió al país”, le recriminó Cristina antes de pedirle la renuncia. Sigue hablando, pero como asesor privado.

Batakis estaba más complicada. Sus allegados aseguran que no tuvo más remedio que buscar empleo, sino quería volver a cumplir horario en las oficinas públicas de La Plata.

Buenas vibras

Los gobernadores están confiados en llegar bien a fin de año con estas emisiones de deuda externa y las promesas del Gobierno, que deberá revalidar en la reunión con mandatarios pautada para el 2 de agosto en Puerto Madryn, donde hasta ahora sólo quieren pegar el faltazo el socialista Miguel Lifschitz y el puntano Alberto Rodríguez Saá.

Allí le pedirán a Rogelio Frigerio un panorama claro de la devaluación del 15% de coparticipación que hoy se gira a Anses, acordada en el encuentro de Córdoba.

También aguardan detalles de la asistencia a la cajas previsionales, incluida en la ley de blanqueo sancionada en el Congreso, sólo a quienes no alcancen a financiar las jubilaciones nacionales.

Pero como ya es habitual en este Gobierno, nadie sabe bien cómo se cumplirán los compromisos asumidos. De eso se hablará en Chubut, donde el Gobierno por ahora sólo adelantó que pedirá un compromiso para evitar carterización y sobreprecios en la obra pública.

Será a través de un documento declamativo, donde se acordará sumar a la Comisión Nacional de la Competencia, AGN y la SIGEN en la licitación, adjudicación y ejecución de la obra pública.

Una novedad será la disposición de un techo y un piso en el presupuesto oficial que puede rondar el 25% (aún no está definido) para que evitar que ganen licitaciones ofertando precios excesivamente altos o bajos, algo que puede esconder maniobras de cartelización o de sobreprecios.

No habrá gobernador que rechace esos compromisos, pero todos querrán saber de qué obras están hablando, porque desde que asumió Macri no levantó un ladrillo.