La Cámara de Diputados debatirá un proyecto de ley para prohibir el uso de datos de Anses para comunicación política, como dispone una polémica resolución de la Jefatura de Gabinete de la Nación, justificada por su titular Marcos Peña.

Toda la oposición rechazó sus argumentos y anticipó que dará pelea en el recinto y en Tribunales. “No queremos que quien brinde datos a Anses sea obligado a perder su privacidad. Es una irregularidad demasiado obvia”, protestó la socialista Alicia Ciciliani, que presentará un proyecto de ley para eliminar la resolución de Peña.

“Ya lo hablé con (la jefa del bloque de Diputados del Frente Renovador) Graciela Camaño y con Margarita Stolbizer y me adelantaron su apoyo”, contó la santafecina. Hasta ahora, según supo LPO la idea de sancionar una ley que impida la utilización de la base de datos de la Anses, cuanta con el respaldo de los bloques del kirchnerismo, el Frente Renovador, lo socialistas, el GEN de Stolbizer y la izquierda de Del Caño.

El rechazo al intento del Gobierno de usar la base de datos de la Anses para propaganda oficial, cuenta con el respaldo de los bloques del kirchnerismo, el massismo, el GEN, la izquierda y el socialismo.
Previa charla con Sergio Massa, de gira en Estados Unidos para asistir como invitado a la Convención Demócrata que consagrará a Hillary Clinton, Camaño preparó una denuncia de habeas data que presentará mañana en la justicia, para proteger a los beneficiarios del sistema de seguridad social para que no sean instrumento de propaganda.

En el kirchnerismo apelaron a la ironía: “Este gobierno de los trolls”, sostuvo el camporista Andrés Larroque y se alarmó porque “los expertos en campaña sucia van a manejar la información de todas las personas”.

El otro referente opositor de peso en hablar fue Diego Bossio, ex jefe de Anses hasta el 10 de diciembre y gestor de la base de datos del organismo que Peña quiere para en el mejor de los casos difundir propaganda del Gobierno y en el peor, publicidades del PRO durante la próxima campaña.

De hecho, LPO reveló en exclusiva que el Gobierno ya había intentado apropiarse de la base de datos del SUBE a través de una funcionaria del Ministerio de Transporte que trabaja junto a Octavio Paulise, un “influenciador” del PRO en las redes sociales que se dedica a moviliziar trolls para escrachar a periodistas y líderes de opinión que critican al Gobierno.

“Llevó tiempo y esfuerzo crear una base de datos confiable en Anses que nutra a nuestro sistema previsional de información útil”, tuiteó Bossio .

Y sostuvo que “El Estado debe ser respetuoso con nuestros ciudadanos que confiaron sus datos personales para un uso específico” y que en su gestión “La base de datos elaborada por la Anses siempre ha sido protegida a partir de una gestión celosa, restrictiva y responsable”.

En la oposición no salían de la sorpresa por la decisión de usar los datos de Anses y, tanto o más, de hacerla pública mediante una resolución. “Peña se asesoró legalmente y basó la medida en que el Estado es uno solo”, explicó un entendido de los límites de la administración pública.

Pero la misma fuente se sorprendía por la crudeza de su explicación. “Al margen de que es un límite legal fino, el problema que va a generar es que nadie querrá dejar los datos personales”, anticipaba.

La versión que llegó al Congreso es que además de buscar sin éxito la base de datos de la SUBE, el Gobierno intentó captar no sólo la base de datos del SUBE -como reveló este medio- sino también la del Ministerio del Interior y la de la AFIP, pero Rogelio Frigerio y Alberto Abad rechazaron el intento. El primero de ellos tuvo que poner la cara en la conferencia de prensa que brindó la Casa Rosada para intentar salir del escándalo en el que se sumergió.

“Estos tipos son de corporaciones y toman medidas así: Dejando memos. Y no miden el costo político”, bromeaban esta tarde en Diputados. La semana que viene el Congreso reabre tras el receso invernal. Y hoy sumó una cuestión de privilegio garantizada para la primera sesión.