Elisa Carrió tiene a todo el Gobierno preocupado desde hace una semana por su silencio respecto del escándalo del Correo Argentino que salpica al propio Mauricio Macri.

Lilita se transformó para el Gobierno en una instancia superior a cualquier estrato judicial para definir si un conflicto que golpea al presidente es una negligencia del macrismo que pone en crisis la mentada lucha por la transparencia en la que se afincó la campaña de Cambiemos o una construcción de los medios y de la oposición para desprestigiar a Macri.

Mientras el escándalo de Panamá Papers rebotaba en los principales medios del mundo, Carrió lo exoneró a Macri luego de que el presidente le mostrara los “papeles”, que nunca se hicieron públicos.

Por el contrario, con el escándalo de Gustavo Arribas, cuando el Gobierno se disponía a desactivar la investigación periodística, Lilita se apersonó en Comodoro Py para denunciar el titular dela AFI y provocó que el propio Macri debiera salir a hablar en una conferencia de prensa.

Ahora, mientras el presidente elude a la prensa y su jefe de gabinete debió salir una semana tarde a explicar el escándalo, Lilita adoptó un arma que atemoriza al Gobierno aún más que sus anteriores “fallos morales”: el silencio.

La chaqueña estiró su veredicto sobre el tema y dejó trascender que podía hablar este miércoles. Lilita, sin embargo, se limitó a retuitear un comunicado de la Coalición Cívica que también tiene su cuota de suspenso: “La Mesa Nacional y el Bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI afirmaron hoy que sus equipos técnicos están analizando el acuerdo realizado por el Correo con el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las causas derivadas de las mal llamadas estatizaciones impulsadas por los gobiernos K”, dice el comunciado.

Por lo pronto, realizó un par de jugadas para confundir a sus propios aliados. Anoche envió a una de sus máximas colaboradoras, la legisladora porteña Paula Olivero, a decir que “no hubo delito” en el acuerdo entre el Estado y el Correo.

Pero por otro lado, Carrió hizo este miércoles una visita fugaz a la sesión de Diputados y no dijo nada. Para darle más suspenso a su definición, desde su entorno aseguraron a LPO que a Lilita no le cierra un punto de todo el conflicto.

La fiscal Gabriela Boquín advirtió en su dictamen que 15 días antes del acuerdo, el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones.

El Correo reclamó más de 2.300 millones de pesos con un interés del 11% anual. Por esa causa, que tramita en el juzgado en lo contencioso administrativo federal 9, a cargo de Pablo Cayssials, Lilita cree que no habría que haber acordado sólo 15 días después sin pedirle a la empresa que desista del juicio que mantiene con el Estado.

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