El senador Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente a Mauricio Macri y Marcos Peña por los planes de urbanización inmobiliaria en la isla Demarchi, que ya habían rechazado los sindicatos del sector portuario.

La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y recayó por sorteo en el juzgado federal 10, de Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Carlos Rívolo.

Solanas pidió que se investigue “la modificación -respaldándose en una ley de la dictadura- de tres artículos del Decreto 1722/2012 mediante la cual se destinará el predio de la Isla Demarchi a crear un ‘Polo de Desarrollo Urbano'”.

Ese proyecto consistiría “en la ampliación de la infraestructura urbana existente para la promoción de inversiones en el área y la actividad inmobiliaria”.

“Una vez más, el presidente Macri convierte al Congreso en una escribanía disponiendo arbitrariamente de bienes que pertenecen al Estado para destinarlos a la inversión privada y a los negociados inmobiliarios”, consignó el legislador.

Para el senador “no sólo está loteando la Isla Demarchi sino también los terrenos adyacentes desafectándolos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.

Y agregó que “esto significa una descomunal privatización de un espacio público donde funcionan la Escuela del sindicato de Dragado y Balizamiento y la Escuela Nacional Fluvial, perjudicando a más de 600 trabajadores con este decretazo”.

“Macri está violando la Constitución Nacional y soslayando la autoridad del Congreso que es el único órgano autorizado a disponer los bienes públicos debido a que en el mismo están los representantes del pueblo y de las provincias. Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, finalizó el senador.

JII SA autorizado a disner los bienes públicos debido a que en el mismo están los ió Solanas y agregó que “esto significa una descomunal privatización de un espacio público donde funcionan la Escuela del sindicato de Dragado y Balizamiento y la Escuela Nacional Fluvial, perjudicando a más de 600 trabajadores con este decretazo”.

“Macri está violando la Constitución Nacional y soslayando la autoridad del Congreso que es el único órgano autorizado a disponer los bienes públicos debido a que en el mismo están los representantes del pueblo y de las provincias. Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, finalizó el senador de Proyecto Sur.

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