La oposición empezó a negociar eliminar el decreto 797 firmado por Mauricio Macri el 22 de junio del año pasado, que desvía cerca de 100 mil millones para obras públicas, 45 mil para realizar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

La obra le fue adjudicada hace una década a una UTE conformada por la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y IECSA, que hasta marzo último pertenecía al primor del presidente de Ángelo Calcaterra. Se la vendió a Marcelo Midlin, dueño de Edenor y uno de los empresarios preferidos del presidente.

El debate para anular el decreto lo abrió la diputada socialista Alicia Ciciliani, aliada de Sergio Massa, que ya rechazó el DNU en comisión. “Estamos hablando de la misma cantidad de dinero que le deben a Santa Fe, por un fallo de la Corte. Es una vergüenza”, le dijo a LPO.

Las gestiones son incipientes pero podrían tomar cuerpo durante la campaña electoral, todo un riesgo para el macrismo, que tiene clara minoría en el Congreso.

El proyecto de Soterramiento preveía originalmente un financiamiento del Banco de fomento brasileño (BNDES), pero con la crisis financiera de 2008 el dinero nunca llegó y el soterramiento quedó en un viejo anhelo.

Macri dispuso pagarlo con fondos nacionales, tal como había hecho Cristina Kirchner en 2008 con otro decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, el 23 de agosto, el Frente Renovador y todas las vertientes del PJ se unieron para firmar un dictamen en contra de la medida.

Juliana Di Tullio insistió en que sin plata del BNDES no hay obra posible, como repitió Cristina en su entrevista con C5N. Tal vez no haya estado muy encima de sus decretos ese año, el primero de sus 8 en la Casa Rosada.

Un decreto presidencial recién queda anulado cuando las dos cámaras del Congreso así lo disponen y como eso nunca ocurrió muchas de las obras dispuestas de un plumazo por Macri comenzaron a ejecutarse, a riesgo de tener que parar los obradores si la oposición lo decide.

El soterramiento nunca comenzó, tal vez porque en la última parte de 2016 el escándalo del Lava Jato le hizo pensar dos veces a Macri antes de girarle fondos a Odebrecht.

Pero mientras el Congreso no se mueva, la UTE liderada por la constructora brasileña reclamará 45 mil millones de pesos, que fueron adjudicados en tres tramos: 300 mil por el año pasado, 8.940.000.000 este, la misma cantidad en 2018 y 26.820.000.000 para completar la obra.

Es uno de los proyectos que Odebrecht negocia con autoridades judiciales argentinas poder seguir operando, tras reconocer haber pagado 35 millones de dólares en coimas.

“La vigencia del DNU va a depender de ese acuerdo”, anticipó Ciciliani. O sea, si Odebrecht logra incluirlo en un pacto con la justicia local, la oposición ya no tendría excusas para dejarlo vigente.

En el Frente Renovador dicen estar dispuestos a votar en contra, pero en plena campaña no se imaginan buscando número. Tampoco creen que Cristina Kirchner tenga ganas de ver una sesión sobre el tema con Julio De Vido en el recinto.

De todos modos, si el soterramiento sigue vigente y el resto de la oposición levanta la voz, no podrán esconderse. Los senadores del FpV-PJ ya asustaron la semana pasada a Macri cuando casi rechazan en la sesión un DNU que eliminaba reembolsos a puertos patagónicos. Marcos Peña intervino de urgencia y consiguió 15 días de prórroga.

Odebrecht admitió haber pagado sobornos en Argentina en la justicia brasileña y ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de New York, donde viajó el fin de semana el ministro de Justicia Germán Garavano para buscar precisiones.

La negociación con la constructora brasileña tiene varios carriles y ninguno claro. Mientras la procuradora Alejandra Gils Carbó envió fiscales a Brasillia, Garavano puntea una ley o un decreto para permitirle a los empresarios confesar las coimas y poder seguir trabajando en el país.

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