“Si la Justicia pide el desafuero a De Vido, hay que hacerle caso a la Justicia”, dijo el diputado José Luis Gioja al diario de Cuyo, minutos después de conocerse el pedido de desafuero y detención del ex ministro.

Gioja no es un diputado más: preside el Partido Justicialista y en julio lideró las gestiones para evitar que De Vido sea desaforado por “inhabilidad moral”. Junto a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, llamó al resto de los mandatarios y logró salvarlo. Esta vez parece que no hará ese trabajo.

El argumento, esa vez, era que Mauricio Macri y Elisa Carrió no pueden echar a un diputado, sino que hace falta el pedido de un juez. Esta tarde, el juez Luis Rodríguez cumplió ese paso, se lo comunicó a Emilio Monzó y le requirió al Ministerio de Seguridad detener a De Vido ni bien pierda los fueros.

La sesión está convocada para el miércoles 25 y si Cambiemos logra los dos tercios de los presentes el ex ministro se iría en patrullero desde el Congreso. Esta tarde confiaba en llegar sin problemas, tal vez al tanto de la rebelión de los gobernadores.

El sanjuanino Sergio Uñac fue el primero en desmarcarse. “Nunca nos hemos opuesto a lo que indica la Justicia y esta no será la excepción”, dijo al diario de su provincia.

En julio ayudaron al ex ministro los diputados de Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja).

El salteño Juan Manuel Urtubey mandó a sus diputados a sacrificar a De Vido y su colega Carlos Verna los sacó del recinto, que en los hechos es casi lo mismo porque reduce la cantidad de votos necesarios para llegar a dos tercios.

Esta tarde se rumoreaba en el Congreso que los gobernadores de Misiones (Hugo Passalacqua) y Santiago del Estero (Claudia Abdala Ledesma, esposa del senador Gerardo Zamora) habrían sondeado a Gioja para forzar la renuncia de De Vido y evitgar su detención. Si lo hace, asumiría Jorge Rivas, el ex socialista leal a Cristina.

Pero el ex ministro no parece dispuesto a rendirse. “Detrás de esto está Macri, sus mandantes y alguna embajada, ya que el objetivo es amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno”, se defendió.

Atentos a las declaraciones de Gioja, en el bloque ya lanzaban una advertencia: “Si los gobernadores aceptan que prisión preventiva por ser ex funcionario, más de uno va a terminar preso tarde o temprano”. No parecían entenderlo así.

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