Los diputados de Cambiemos avanzarán el martes con un polémico intento para prohibir que los condenados por delitos de corrupción sean candidatos, aún cuando no tengan una sentencia firme en su contra.

Se trata de un paso más del oficialismo luego del desafuero de Julio de Vido y del impulso que un sector le da a la posibilidad de impedir la asunción de Cristina Kirchner como senadora, al mismo tiempo que se empuja sacarle los fueros a su hijo Máximo.

En su avanzada contra el kirchnerismo, ahora el interbloque de diputados de Cambiemos pondrá en discusión tres proyectos para prohibir que los condenados en primera instancia por delitos de corrupción sean candididatos.

Los textos de Silvia Lospennato (PRO), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Marcelo Monfort (UCR) se empezarán a debatir mañana en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que dirige el macrista Pablo Tonelli.

Se trata de proyectos que modifican la Ley de Partidos Políticos y que por ejemplo prohibirían que Carlos Menem sea candidato como intentó el oficialismo en las últimas elecciones y que la Corte Suprema terminó bloqueando. Pero también se lo impediría a Guillermo Moreno que sólo fue condenado en primera instancia, por lo que se trata de iniciativas más que polémicas y que terminarían seguramente judicializadas.

El proyecto de Lospennato establece la prohibición para los condenados por delitos contra la administración pública se extienda “desde la sentencia condenatoria en primera instancia, hasta su revocación por la instancia de alzada, o bien hasta la finalización de la condena”. Es decir que el texto deja claro que el impedimento se establece aún cuando los tribunales de alzada podrían anular la condena

Las dudas sobre este proyecto se agrandan porque en su título señala la prohibición para ser candidatos a “las personas con auto de procesamiento por grave delito doloso contra el Estado”, aunque en el detalle sólo se menciona a los que tienen condenas.

Por su parte, el proyecto de Monfort también impone la prohibición para los condenados por delitos de corrupción “aunque la sentencia no se hallare firme, siempre que la misma sólo dependiera de la resolución de recursos extraordinarios deducidos ante la Corte Suprema”.

Finalmente, la iniciativa de Carrió impone la prohibición de ser candidatos por un plazo de 8 años posteriores al cumplimiento de la pena a “las personas condenadas en juicio oral y público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.

En este caso, se apunta a los condenados por delitos contra la administración pública, y también por lavado de activos, delitos contra la integridad sexual, contra la libertad individual, y por tráfico de estupefacientes, entre otros.

La discusión se da en momentos en el que el gobierno de Mauricio Macri se enfrenta a un denso debate sobre la persecución de los delitos de corrupción, acelerada por la decisión de la Justicia de avanzar con prisiones preventivas para ex funcionarios sin importar si el investigado está a derecho o no hay peligro de fuga.

Al mismo tiempo, en el oficialismo se abrió un debate sobre la posibilidad de directamente impedir (como pretenden los sectores más duros, encabezados por Carrió) la asunción de Cristina en el Senado, aunque sobre la ex presidenta no pese ninguna condena ni pedido de desafuero. Por ahora, parece imponerse la línea moderada de Germán Garavano de actuar sólo ante los pedidos judiciales.

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