Los 70 diputados que promueven la ley de aborto no punible presentarán el proyecto este martes, repudiarán cualquier estrategia para disuadir el debate parlamentario y pedirán tratarlo en el recinto no más allá de mitad de año.

Será una respuesta a los proyectos para convocar a una consulta popular que defina si la interrupción del embarazo puede dejar de ser penada, presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas como los senadores Luis Naidenoff (Cambiemos) y Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo federal); y la diputada Laura Russo, del FpV-PJ.

Los senadores Naidenoff (Cambiemos) y Rodríguez Saá (Peronismo Federal) y la diputada Russo (FpV-PJ) pidieron una consulta popular para definir si se despenaliza el aborto. Los promotores de la ley denuncian una maniobra de disuasión y pedirán una sesión tras las audiencias públicas, que durarán hasta junio.
De prosperar, los plenarios de comisión serían una puesta en escena porque los dictámenes nunca llegarían al recinto, sino que se someterían a votación de la ciudadanía con resultado incierto, según los sondeos que trascendieron estos días.

“La consulta popular resulta contraria a derecho, ya que la Constitución veda la materia penal para ese tipo de medidas, sino que también corre el eje de la discusión incluso antes de que ésta pueda iniciarse”, se quejó el fin de semana la diputada radical Alejandra Martínez, que presidirá la Comisión de Familia y trabajará en la coordinación del debate.

“Quieren evitar las instancias informativas y deliberativas propias del trabajo parlamentario. Es sencillo pensar que toda decisión política debe someterse a un proceso de consulta, pero es también muy engañoso. En nuestra forma de gobierno, el pueblo delibera a través de sus representantes, y olvidar ese rasgo institucional puede conducirnos a la demagogia”, completó la diputada jujeña.

Mañana se reunirá otra vez junto a los presidentes de otras comisiones que abordarán el proyecto: los macristas Daniel Lipovetzky (Legislación General) y Carmen Polledo (Salud) y la radical Gabriela Burgos (Legislación Penal).

Como anticipó LPO, planean audiencias públicas en diferentes puntos del país al menos hasta junio, cuando la opinión pública se desvíe al mundial de fútbol.

“Vamos a fijar pautas justas para las audiencias y dejar todo listo para tratarla en el recinto, no más allá de mitad de año”, confirmó Martínez a LPO, aún molesta por la incipiente presión para llevar el debate a las urnas que, casualidad o no, llegó una vez levantada la sesión especial convocada para el jueves.

Algunas figuras del Congreso ven una maniobra del Episcopado detrás de la idea de la consulta popular y recuerdan que su primer promotor, Rodríguez Saá, lideró en 2010 el rechazo al matrimonio igualitario junto a su coterránea Liliana Negre Alonso, cercana al Opus Dei. Luego se fue del recinto y no votó en contra.

Para los militantes del aborto legal (el proyecto despenalizará la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas de gestación), lo mejor es esperar las audiencias para persuadir a los indecisos antes de una sesión, porque muchos quieren evitar un problema innecesario con sus votantes oponiéndose sin fundamento sólido.

Justamente, a este grupo la posibilidad de evitar una sesión les ahorra el dilema y por eso evitarían pronunciarse en estos meses de audiencias.

Hay otra manera de evitar abrir el recito: que no haya siquiera un dictamen de mayoría en las comisiones, o sea, con la firma de la mitad más uno de sus miembros. Es lo que los antiabortistas buscarían junio. Después de las audiencias.