El miércoles el Senado reabrirá en 2018 para tratar la ley de mercado de capitales aprobada en diciembre y exigida por Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias, tras evaluar durante el verano sustituirla por un decreto de necesidad y urgencia para al menos aplicar lo que más le interesa.

Se trata de la creación de letras y sus derivados financieros, un atajo para que los Bancos puedan comercializar las deudas por UVAs, el crédito hipotecario estrella, pero cuya cobrabilidad pende de un hilo porque las carteras vienen capitalizándose por encima de la inflación y el dólar.

La ley de mercado de capitales fue aprobada en noviembre en Diputados. Macri la considera clave para impulsar las letras de UVAs y sus derivados. Retoman un proyecto de seguros hipotecarios que había impulsado Marco Lavagna.
El proyecto, que el gobierno gusta en llamar “Ley de financiamiento productivo”, comenzará a tratarse en la Comisión de Economía del Senado, que esta tarde estaba definiendo sus autoridades en reuniones intramuros entre Miguel Pichetto (Justicialismo) y Federico Pinedo (Cambiemos). El rionegrino había impulsado al fueguino José Ojeda, pero luego lo descartó y este martes tiraría otro nombre sobre la mesa.

Los números de la votación son los de siempre en el Senado: Cambiemos y el PJ reúnen hasta dos tercios del recinto y un acuerdo entre ellos garantiza una sanción en tiempo récord.

El oficialismo daría un gesto al impulsar un proyecto para aplicar seguros a los deudores hipotecarios de UVAs, una propuesta que hizo el massista Marco Lavagna durante el debate en Diputados.

Lo respaldó Leandro Cuccioli, secretario de servicios financieros del Ministerio de Hacienda y próximo jefe de la AFIP desde abril.

El proyecto modifica muchas regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como la eliminación de la posibilidad de intervenir empresas, creada en una ley de 2012, impulsada por Axel Kicillof.

Se iguala el tratamiento impositivo de los fondos comunes de inversión cerrados y habilita a crear otros más calificados y nuevos bonos de las empresas.

Y apunta a incorporar al sistema a las aseguradoras y a productos “derivados”, como aquellos que explotaron en la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Para protegerlos, se los excluye de algunos artículos de la ley de quiebras.