La comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a debatir el proyecto para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, pero el acuerdo no parece cercano.

Mauricio Macri tampoco está muy interesado en acelerar el debate, porque le conforma la actual composición del consejo, capaz de nombrar y sancionar a los jueces que quiera el Gobierno. Sólo le seduce habilitar las reelecciones.

El órgano encargado de la selección y remoción de jueces tiene hoy 13 miembros: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces del Poder Judicial, dos abogados de matrícula federal y un académico.

El proyecto oficial prevé llevar la composición actual a 16 integrantes, sumando otro por parte del Poder Judicial y otros dos abogados.

Miguel Piedecasas, presidente de la Magistratura, recordó que la Constitución no es clara en cuanto a la composición del organismo y es necesaria una ley. Pero no parece cercano un acuerdo con la que fue enviada por Garavano, con la colaboración del diputado Pablo Tonelli y el presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo.
Fue consensuado entre el ministro de Justicia, Germán Garavano; el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; el presidente del Colegio de Abogados porteño, Guillermo Lipera; y el propio Tonelli, que claramente no tiene mucho apoyo de su bloque para seguir.

Hace quince días tuvo que cancelar la reunión para que expongan los especialistas y finalmente logró hacerla esta tarde, aunque todos dejaron visiones diferentes que anticipan un largo debate. Más si el presidente no está apurado.

Rizzo remarcó que se logró el “proyecto posible”. “¿Qué queremos hacer? ¿Queremos mejorar la Justicia, conseguir lugares o tener prebendas? ¿Queremos que los jueces probos continúen y los malos se vayan?”, se preguntó de manera retórica.

“Con esta reforma se incorporan dos abogados y un juez, sobresale el estamento técnico”, celebró. Y planteó la necesidad de que haya representantes de la Capital Federal: “Hay un 80% de jueces, catedráticos y abogados radicados en la Capital”.

Recién al final habló el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, quien explicó porqué este debate llegará tarde o temprano: la Constitución de 1994, que creó el Consejo de la Magistratura, no es clara en cuanto a su composición y la actual puede tener planteos de inconstitucionalidad atendibles por algún juez. La zona gris son los representantes de los estamentos (jueces, abogados y académicos).

“Hay que procurar equilibrio en la composición, para garantizar la idoneidad técnica se incorporan los estamentos académicos y científicos”, pidió.

“La ley debe resolver el criterio para ser consejero. Es un acierto que los legisladores sean representantes. Y me parece fabuloso discutir con ellos, los representantes de la política no han sido obstáculo para el ejercicio, sí lo han sido las gestiones”, admitió el titular del Consejo.

En representación de la Federación Argentina del Colegio de Abogados estuvo su vicepresidente 1°, Hernán Colli, quien advirtió que presentaron “un proyecto alternativo, en el cual plantearon discrepancias con el del Ejecutivo”.

“La observación principal tiene que ver con que, desde el año 1994, ninguna de las leyes ha respetado la cláusula de los tres estamentos con equilibrio. La cláusula constitucional no se cumple”, alegó.

“Necesitamos otro perfil de jueces, que se jerarquice la terna y mejoren técnicas, y que se despolitice”, agregó. Asimismo, Colli pidió que el Consejo tenga “una integración federal, con representación paritaria entre hombres y mujeres”.

Diego Molea, Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó críticas al proyecto y reclamó que “la conformación de personas del ámbito académico está establecida en plural en la Constitución, debería haber por lo menos dos representantes académicos, y acá no los hay. Eso nos preocupa”.

“A los rectores se nos elige por voto directo de los claustros. Proponemos que nos elijan porque representamos a millones: el 80% de la investigación científica se produce en facultades nacionales. Son los rectores que tienen que representar este ámbito, porque tienen la legitimidad por sobre los docentes de colegios de abogados”, consideró Molea.

Además, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, brindó sugerencias en materia de “liderazgo, trabajo en equipo y gestión, porque necesitamos esto para trabajar”.

Propuso “dar un curso de preparación para los que lleguen a las ternas porque trabajamos con carencias de recursos” y que “los jueces se comprometan a dar sus datos para hacer un seguimiento adecuado”.

Asimismo reconoció que “es buena la decisión de los concursos anticipados” y consideró que “los jurados deberían ser elegidos por materia, sobre todo para tener jurados expertos en temáticas”.

Gabriela Vázquez, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces del Poder Judicial de la Nación, planteó la falta de perspectiva de género y explicó que el proyecto “carece de lenguaje inclusivo e invisibiliza a las mujeres”.

“El mapa de género en cuanto al Poder Judicial confirma empíricamente que la mayor parte que ejerce la justicia somos mujeres, somos el 56%, y la presencia femenina en cargos jerárquicos es menor”, ejemplificó.

En este sentido, Vázquez propuso una “incorporación equilibrada de mujeres y hombres, también en la ternas y en la asignación de puntajes”, así como también reclamó por “el lenguaje inclusivo en el texto de la ley”.

Por último, Julio Piumato, secretario general del Sindicato de Empleados de la Justicia Nacional, dio un planteo ideológico sobre el Consejo: “La Justicia es el único poder cuya administración lo hace otro poder del Estado”.

“La cabeza del Consejo debe estar en manos de la Corte Suprema, discrepamos con el proyecto en la medida en que plantea que el integrante de la Corte sea rotativo, nos parece un disparate”, criticó.

En cambio, reivindicó “la representación de los trabajadores que debería estar en la ley, como existe en algunas provincias, con una experiencia positiva”.